La Marcha Verde declaró que mediante un estudio durante los mandatos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina el Gobierno y el Congreso Nacional violaron la Constitución para, según ellos, favorecer los contratos multimillonarios de la empresa Odebrecht.Según el movimiento, desde el 2001 hasta 2016 el Gobierno violó sistemáticamente, con la anuencia del Congreso Nacional, las leyes de Presupuesto General del Estado, la Constitución de la República y las leyes de administración financiera para aprobar y ejecutar las obras de la multinacional mafiosa.
Explica que durante el periodo citado, “el Poder Legislativo aprobó 22 contratos de préstamos para las diferentes obras contratadas, ejecutadas o en ejecución, con un monto de US$1,899 millones, representando 7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016 y equivalente al 2.7% del PIB, sin incluir los financiamientos utilizados en determinados años sin la debida aprobación congresual, ni los aprobados para la planta de Punta Catalina”.
Marcha Verde destaca que varios funcionarios responsables de firmar y gestionar contratos o préstamos de Odebrecht no han sido investigados ni sometidos a la Justicia. Citó a Vicente Bengoa, Cristina Lizardo, Simón Lizardo, Rubén Bichara y Lucía Medina.
