Mañana se cumplirá un año de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020 luego de un fallo en el sistema de voto automatizado que obligó a la Junta Central Electoral (JCE) a tomar la decisión.
El anuncio lo hizo el entonces presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, a las 11:11 de la mañana de ese domingo, cuando miles de electores habían ejercido su derecho.
La reacción inmediata de los partidos fue culparse mutuamente de lo sucedido. El PLD y el Gobierno culpaban a la opsición, que entonces encabezaban Luis Abinader y Leonel Fernández, y estos a su vez, al oficialismo, al que le endilgaban un supuessto intento de fraude.
Tras la suspensión de los comicios, el escenario político se vio impactado por una cadena de protestas que tuvieron como epicentro la Plaza de la Bandera y que fueron encabezadas por jóvenes.
Igualmente, la Policía detuvo, para fines de investigación, a un miembro de la seguridad del entonces candidato presidencial Luis Abinader junto a un técnico de la compañía Claro. Tras la ola de protestas, el Gobierno ordenó al Ministerio Público que dejara sin efecto la investigación y se contrató a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que realizara las pesquisas, cuyo informe establece que el fallo fue por un mal manejo en la Dirección de Informática de la JCE.
Por el hecho, la JCE canceló al director de informática, Miguel Ángel García y a otros funcionarios de esa dirección.
El hecho tuvo un alto costo económico para el país y se ha proyectado que las pérdidas superan los 4 mil millones de pesos. Previo a la implementación del sistema de votación, hubo mucho rechazo a implementar el voto electrónico basado en la mala experiencia internacional con ese método de votación y que la JCE no hizo las auditorías que se necesitaban para garantizar la fiabilidad del sistema.
Ante la presión de la oposición, la Junta Central Electoral estuvo acompañada por técnicos de la OEA y de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES) para la implementación del sistema y a pesar de eso no funcionó. Aunque el informe de la OEA se limita a responsabilizar a la Dirección de Informática de lo ocurrido, no menos cierto es que persisten las dudas de si en realidad lo ocurrido fue un fallo por descuido de la JCE o un intento de fraude.
