El presidente Luis Abinader, advirtió ayer que todo aquel que estafe al Estado dominicano debe de pagarlo ante la justicia y responder ante los tribunales los delitos por los cuales se le acusa.
Al referirse a la estafa de los 294 millones de pesos, hecha a los beneficiarios del programa “Quédate en Casa”, el jefe de Estado sostuvo que la justicia dominicana deberá hacer su trabajo al respecto.
“Sigue el proceso en la justicia y todo el que cometa estafas, tiene que pagarlo”, expresó el mandatario de manera enfática tras asistir al acto de inauguración de la nueva sucursal de La Sirena, en el municipio Los Alcarrizos.
Ante el Departamento de Investigaciones Críminales de Alta Tecnología han llegado alrededor de 125 mil personas que han denunciado que desconocidos utilizan su documento de identidad para hacer transferencias monetarias irregulares, tomando las ayudas sociales concedidas por el Gobierno.
Por el caso, unas 20 personas han sido detenidas al acusárseles de formar parte de esa mafia que operaba, supuestamente, en colmados y almacenes.
De acuerdo a una publicación del periódico Diario Libre, los expedientes enviados a la Justicia contienen un reporte considerable de transacciones hechas en diversos negocios del Distrito Nacional y provincias de todas las regiones, las cuales no son reconocidas por los propietarios de las cédulas de identidad, usadas como medio de pago en esas transferencias monetarias irregulares.
Cómo operaba la mafia
Ese mismo diario publicó las declaraciones de la directora de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), Digna Reynoso de Pacheco, quien precisó que las estafas se ejecutaban en comercios de la Red de Abastecimiento Social (RAS), específicamente en colmados y almacenes, pues nunca se registró clonación de datos en las grandes cadenas de supermercados.
Reynoso de Pacheco dijo que hay miles de personas que solo tuvieron acceso al primer pago del “Quédate en Casa” y nunca más pudieron hacer uso del beneficio, porque robaron sus datos.
Señaló, además, que en el caso hay implicados propietarios de comercios y personas que se asociaron para defraudar los recursos asignados a beneficiarios.
