Este 27 de febrero, el presidente Luis Abinader rendirá cuentas por primera vez al país. En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, realizó un ejercicio de valoración y análisis de las acciones que hasta la fecha, han sido ejecutadas desde el Poder Ejecutivo.
Este análisis parte del reconocimiento que ha desarrollado el gobierno actual en el peor escenario social y económico del país en las últimas décadas, caracterizado por efectos de la pandemia por COVID-19, que ha generado una crisis económica y sanitaria sin precedentes, lo que ha implicado haber gobernado todo el período, desde el 16 de agosto pasado en el marco de un estado de emergencia, con toques de queda y restricciones agudas al libre tránsito, la vida comercial y la actividad productiva. Todo lo cual ha generado una serie de conflictos y tensiones con diversos sectores sociales, ya que ha implicado que la tarea de conciliar la seguridad sanitaria con la reactivación económica y la normalidad de la vida cotidiana se convirtiera en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades.
En ese mismo orden, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), realizó consideraciones puntuales haciendo hincapié en la institucionalidad democrática, el sistema de justicia y la seguridad ciudadana.
Manifestó que la reducción de los ingresos del Gobierno, debido al cierre de numerosas empresas o las limitaciones a sectores estratégicos como el turismo, creó una crisis económica, que el gobierno ha ido enfrentando con medidas de emergencia y a corto plazo.
Indicó que en la actualidad, se confrontan otros efectos de la crisis económica, como el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar, así como en otros rubros como combustibles, productos ferreteros y de construcción, medicinas, entre otros, que se originan en la combinación de las distorsiones de los mercados internacionales, la mundialización de la crisis por el COVID-19 y las precariedades financieras del sector gubernamental que hemos señalado previamente.
“Esta situación demanda del gobierno central un apego más estricto a políticas que prioricen el gasto para enfrentar la crisis sanitaria, al tiempo que se reducen gastos innecesarios, superfluos o productos de las debilidades del modelo económico y político imperante”.
Servio Tulio Castaños expresó que en el ámbito del desarrollo institucional propiamente dicho, la actual gestión gubernamental ha trazado una serie de planes y líneas de acción que anuncian medidas positivas para la disminución del gasto innecesario, tras haber realizado las consultas legales necesarias. Dentro de esta iniciativa se han anunciado la eliminación de instituciones, como la OISOE, cuya existencia no solo suponía la desnaturalización de la función primigenia para la cual fue concebida —la supervisión y fiscalización de obras sino que además, genera una duplicidad de funciones respecto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
“La sociedad ha valorado muy positivamente las acciones encaminadas a la eliminación de las nominillas en varias entidades y la depuración de manera particular en el servicio exterior de la República”.
En cuanto a la conformación de su gabinete de gobierno, se registró una falta de paridad y participación de la mujer, dejando de lado las promesas realizadas en el sentido de promover la participación de la mujer en espacios de decisión del Poder Ejecutivo y otros sectores sociales.
Castaños dijo que la designación de una nueva procuradora general de la República y su equipo de apoyo más cercano, han restaurado la confianza ciudadana en el Ministerio Público.
La lucha contra la corrupción y especialmente el romper el clima de impunidad que entorpece el ideal de justicia y ensombrece la calidad de la democracia y la seguridad jurídica, ha tenido un nuevo aire en los últimos meses, lo que se corresponde con la declaración del mandatario de exigir a los funcionarios gubernamentales que se apeguen a un comportamiento íntegro, en el marco de una gestión que tendrá cero tolerancia frente a la corrupción y estimulará la transparencia, así como la recuperación del patrimonio robado. En ese sentido, saludamos la contratación de abogados que trabajen en esa dirección.
En materia de persecución de la corrupción, la ciudadanía espera que desde el Poder Ejecutivo se impulse de manera decidida la recuperación del patrimonio del Estado que haya sido sustraído, por lo que representa un gran reto para esta gestión que promueva activamente la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Este instrumento normativo, permitiría devolver a su estado originario en manos del Estado aquellos bienes que nunca contaron con el resguardo de la legalidad en la integración de ningún patrimonio personal.
Servio Tulio Castaños entiende que el gobierno se encuentra ante un gran desafío en los próximos meses de convertir sus intenciones e interés de mejorar el clima de seguridad ciudadana en efectivas políticas públicas, que ayuden a abordar de raíz esta temática, propiciando iniciativas que permitan mejoras en la capacidad de resolver los conflictos por formas no violentas; reducir la cantidad de homicidios en las vías públicas así como los índices de la violencia intrafamiliar y los decesos por accidentes de tránsito, imprimiendo a sus programas acciones desde una perspectiva integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional.
