Distintos sectores han objetado la recién aprobada Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al considerarla excluyente, discriminatoria y fiscalista.
A pesar de que la naturaleza de la pieza legislativa, tiene como fin organizar el transporte terrestre, mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, desde ya hay grupos contrarios a su promulgación tal como fue aprobada en el Congreso Nacional.
Entre los sectores que la objetan están las Federaciones Dominicana de Municipios (Fedomu), la Nacional de Transporte (Fenatrano) y la Nacional de Motoconchistas (Fenamoto).
Para el presidente de Fedomu, Rafael Hidalgo, la Ley va en perjuicio financiero de los ayuntamientos. Dijo que a pesar de que los legisladores tuvieron en cuenta el rol principal de los gobiernos locales para gestionar el tránsito, definiendo el conjunto de atribuciones y responsabilidades que deberán ejecutar en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), perjudicaron las finanzas municipales, al no disponer asignaciones presupuestarias específicas para dar cumplimiento a estas funciones. “Vamos al revés, en la distribución de lo que tiene que ver con las multas, los ayuntamientos fueron excluidos” aseveró el también alcalde de Azua.
En tanto que el presidente de Fenatrano, Juan Hubieres calificó la legislación como violatoria a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Esto porque en el artículo 98 dice que el conductor de transporte público de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, no podrá tener antecedentes penales.
“Es violatorio y discriminatorio, porque si una persona cometió un delito y pagó por él, tiene derecho a tener un trabajo digno. Esa ley en cada chofer público ve un delincuente y eso no es así” manifestó.
Asimismo, considera que la pieza es inconstitucional pues manda en el artículo 343 a que cada chofer dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del reglamento de la ley, debe constituirse en empresa para ofrecer el servicio de transporte público. “La Constitución en su artículo 222 incentiva y protege el desarrollo de la microempresa y en este país el 80% de los vehículos públicos son propiedad de una persona, o de una familia que se mantiene de ese”.
Fenamoto también se siente lacerada con esta ley. Su presidente Oscar Almánzar entiende que no fueron tomados en cuenta, aun cuando son parte clave del sector transporte. “Los motoconchistas fungimos como rutas alimentadoras para las guaguas públicas, los carros, y hasta el Metro. Y ni a una vista pública nos invitaron”.
Obras Públicas
El Ministerio de Obras Públicas afirmó que con la creación del Intrant, que fusionará siete instituciones relacionadas con el tránsito en el país, se reducirá el tiempo que las personas emplean en su desplazamiento hacia sus casas y lugares de trabajo. Asimismo, traerá facilidades en el transporte, mejoría de la seguridad vial, disminución de muertes en accidentes de tránsito, y modernización del sistema de semaforización.
