El pedido del presidente Danilo Medina, de que sea aprobado el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, ha generado expectativas entre los legisladores proponentes de la pieza.A esta iniciativa se refirió el mandatario durante su discurso de rendición de cuentas, como deseo de que sea aprobada amparado en la necesidad de cerrar las puertas al dinero sucio “para dar respuesta a la demanda de justicia de la sociedad”.
“Queremos esa ley para despojar para siempre de la riqueza mal habida a todos aquellos que cometieron actos ilícitos. Dicho con claridad: queremos esa ley para devolverle ese dinero al pueblo dominicano que paga sus impuestos”, expresó al mandatario.
La pieza descansa en el Congreso Nacional desde hace más de tres años, perimió en la legislatura pasada en la comisión de justicia y derechos humanos del Senado, que preside Arístides Victoria Yeb. El senador explicó que esa iniciativa fue aprobada en primera lectura en el Senado, pero uno de los proponentes de la pieza realizó una enmienda, lo que obligó de acuerdo a los reglamentos, a que el proyecto volviera a comisión.
“Nosotros convocamos la comisión para el próximo miércoles 8 para darle seguimiento a la iniciativa. Si lo que está en la comisión de justicia es el mismo proyecto, procederemos a darle el mismo informe favorable que se dio en el informe anterior”, expresó.
Los senadores proponentes de la pieza, Adriano Sánchez Roa, Charlie Mariotti, Julio César Valentín y Antonio Cruz consideraron que con la aprobación de la iniciativa serán revertida las acciones que generan bienes ilícitos.
Se mostraron satisfechos de que Medina en su discurso se refiriera al proyecto, en razón de que “el derecho de propiedad no puede gozar de protección constitucional ni legal cuando recaiga sobre bienes obtenidos de actividades ilícitas”.
La ley reglamentará el procedimiento para los juicios de extinción de dominio, previstos en el párrafo seis del artículo 51 de la Constitución, mediante el cual se pronuncia el decomiso civil de bienes ilícitos.
En el proyecto explica que cuando en el proceso de investigación de la infracción hayan participado autoridades de otros países u organismos internacionales, el Estado dominicano podrá convenir con los demás Estados u organismos internacionales el destino y distribución de los bienes decomisados.
Asimismo, la sentencia en un juicio de extinción de dominio, será irrevocable, “sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado”.
Iniciativa establece distribución de fondos
La pieza consigna que luego de reducidos los gastos a los bienes decomisados, los recursos cuando provengan del narcotráfico, distribución y consumo, serán distribuidos: un 25% a la Procuraduría General de la República, 25% al Consejo Nacional de Drogas; 25% a la Dirección Nacional de Control de Drogas; un 15% a las ONG que trabajan en labores de prevención y/o regeneración de consumo y un 10% a la Policía Nacional.
