El suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, quien guarda prisión preventiva por presunta violación sexual contra una empleada de la entidad, responsabilizó al expresidente Danilo Medina y al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta de crear un entramado junto a otras personas para meterlo preso.
Faña aseguró que Medina y Peralta en conjunto con personajes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Ministerio Público “trancaron mi cuerpo pero no podrán trancar mis pensamientos”.
“Quiero decirle que decidieron dejarme preso dos meses, lo sabré enfrentar y vivir, tengo fuerza para defender mi patria, la seguiré defendiendo, muchas gracias”, manifestó a salida de la Tercera Sala Penal de la Corte del Distrito Nacional, donde la jueza Nancy Juaquin, impuso dos meses de prisión preventiva, a cumplir en la cárcel de Najayo Hombres.
El suspendido funcionario acusó al expresidente Medina de estar detrás de las acusaciones que se le imputan, debido a que en la gestión pasada denunció que las visitas sorpresa realizadas por el exmandatario supuestamente fueron una estafa para el país y un engaño para los campesinos, mientras que al exministro Peralta, lo acusó de beneficiarse de cada libra de ajo que se vende en el mercado local.
“En el gobierno pasado aunque lo enfrenté a ellos nunca pudieron meterme preso, pero en mi gobierno, José Ramón Peralta, Danilo Medina en contubernio con algún personaje de mi gobierno, alguno personaje de mi partido y personaje del Ministerio Público trancaron mi cuerpo pero no podrán trancar mis pensamientos”, ponderó Faña.
El suspendido funcionario está siendo sometido por presuntamente violar los artículos 309 numeral 1, 330 y 332 del Código Penal, que tipifican la violencia contra la mujer y la agresión sexual.
El caso inició con una denuncia presentada por una exempleada del IAD ante la Unidad de Atención y Prevención de Violencia del Distrito Nacional, que tramitó el proceso a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, atendiendo que el suspendido funcionario debe ser investigado por un órgano de segunda instancia, ya que goza de jurisdicción privilegiada.
Aunque la mujer desestimó la querella que interpuso el pasado 18 de enero, el Ministerio Público continúa con la acción penal de oficio.
