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En un reciente pronunciamiento, la miembro de la dirección del movimiento cívico Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, subrayó la crucial importancia de la rendición de cuentas para los servidores públicos, alegando que las declaraciones juradas de bienes es una obligación constitucional para los funcionarios.
“Cuando se aspira a un cargo público sea cual fuere de elección o por designación, hay que tener claro que usted deja de ser un ciudadano común. Esto quiere decir que como servidor público esta llamado a rendir cuentas y en consecuencia también tiene la altísima obligación de facilitar los mecanismos que permitan mayor nivel de claridad y transparencia. Es por ello que las declaraciones juradas de bienes es una obligación constitucional para los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente”, dijo en un comunicado de prensa.
Blanco García enfatizó que asumir un cargo público implica una clara obligación de transparentar todos los aspectos relacionados con el patrimonio personal y las decisiones que afectan al bienestar común.
Blanco García recordó que, según la Constitución, los funcionarios públicos deben presentar declaraciones juradas de bienes y demostrar el origen de sus activos antes y después de finalizar sus funciones. Esta obligación no es solo un requisito legal, sino un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción.
La funcionaria criticó la tendencia de algunos servidores públicos a cuestionar la legitimidad de los mecanismos de transparencia, como las solicitudes de información por parte de las autoridades competentes.
Blanco García hizo un llamado a no ver la transparencia como un obstáculo, sino como una aliada en la lucha contra la corrupción y la desigualdad. “Mientras más claros seamos, más luz encontraremos,” afirmó, haciendo un llamado a que la transparencia se convierta en una norma, no en una excepción.
En su declaración, Blanco García también destacó que las declaraciones juradas de patrimonio, aunque sean públicas, a menudo carecen de acceso completo a los detalles necesarios para una verdadera fiscalización. En este sentido, instó a los funcionarios a colaborar plenamente con las autoridades de control y a facilitar toda la información requerida sin evasivas
