Si el proyecto de reelección sigue sumando rechazo y el presidente Danilo Medina prolonga su decisión, podría perder capital político. En ese ambiente, si desiste, parecería que fue producto del acorralamiento social; y si, por el contrario, impulsa la reforma nadaría contra la corriente y al costo de dividir su propio partido.
El presidente Medina necesita de dos factores para pasar la reforma y habilitarse para presentarse como candidato en las elecciones del 2020: tiempo y condiciones. Al día de hoy cuenta con tiempo, pero las condiciones no le son favorables por la ola de reacciones adversas de diversos sectores, por tanto, prolongar su decisión esperando que el viento sople a su favor es políticamente arriesgado para el gobernante.
Desde el punto de vista del calendario electoral Medina tiene tiempo suficiente para impulsar otra reforma. La precampaña inicia formalmente el 7 de julio y el plazo para inscribir los precandidatos vence el 22 de agosto a las 12 de la noche. Legalmente cuenta con 116 días, es decir tres meses y 23 días.
Si se toma como referencia en materia de tiempo el cambio a la Carta Magna que se hizo en el 2015, el danilismo corre contra el reloj. Esa reforma se hizo luego de un acuerdo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rubricado en el 29 de mayo de ese año y la reforma se completó el 13 de junio. En materia de tiempo, lo único que ha perdido el danilismo es que para el 19 de abril del 2015 ya el PLD había decidido el tema y ahora ni siquiera está en agenda.
Las condiciones no le favorecen
Han transcurrido 8 meses y 12 días desde el domingo 19 de agosto cuando el presidente Medina en una entrevista con la comunicadora Jatnna Tavárez declaró que ya tenía tomada una decisión sobre el tema de su posible repostulación, pero que lo comunicaría en su momento. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Durante el tiempo que ha pasado, las condiciones para la reelección del presidente no han mejorado, sino por el contrario, cada día se suman nuevos sectores que rechazan una modificación a la Constitución.
Los últimos actores han sido los religiosos. La iglesia católica habló fuerte desde el domingo de Ramos hasta el Viernes Santo en contra de la reelección y la pasada semana se sumó el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue).
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FInjus) reiteró su rechazo igual que Participación Ciudadana. Según las encuestas que se han publicado, como Gallup y Asisa, el rechazo a que se modifique de nuevo la Carta Magna ronda el 70%. Además, hasta ahora no cuenta con los 148 votos que necesita en la Asamblea Revisora para cambiar la Constitución.
La indefinición de reelección es arma de doble filo
En ocho meses transcurridos desde agosto no han mejorado las condiciones para la reelección por lo que es poco probable que eso cambie en los próximos tres meses, sobre todo porque los factores adversos son cada vez más y las posturas se han radicalizado. Mientras se mantiene el suspenso pierde capital político. Si por el contrario, toma la decisión de modificar la Constitución en condiciones desfavorables, sería nadar contra la corriente con todas las consecuencias que eso implicaría desde la división del PLD hasta los cuestionamientos sobre los mecanismos usados para lograr los votos en el Congreso que ahora no tiene.
Varios hechos afectaron la imagen del gobierno
Fuera del tema eminentemente político, el gobierno de Medina ha enfrentado situaciones que han afectado la imagen del gobierno como el espionaje por parte del Ministerio Público que se destapó luego del caso de la exjueza, Miriam Germán Brito. Le siguió la presión a que han sido sometidos tres jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por emitir una sentencia que afectó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) aliado del gobierno. De hecho, el presidente del Senado, secretario general del PLD y del sector del presidente Medina, Reinaldo Pared Pérez, amenazó con un juicio político a esos magistrados por supuestamente no cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. El gobierno de Medina también tuvo que enfrentar una marcha de trabajadores contra una propuesta de ley que eliminaría la cesantía a cambio de un fondo de desempleo. El gobierno retiró del Congreso esa propuesta.
