La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) reiteró ayer que la aplicación de la prisión preventiva debe ser ante circunstancias específicas o de manera excepcional.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus, dijo que la realidad socio jurídica que parece imperar refleja que esta medida se ha desvirtuado, tal y como indica la doctrina. Agregó que la prisión preventiva deviene en una institución jurídica que se sitúa en el campo de tensión entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el deber, que también corresponde al Estado, de garantizar el ámbito de libertad del ciudadano.
“Disminuir los niveles de prisión preventiva en nuestro país no es una cuestión simple, pues responde a diversos aspectos relacionados a las debilidades propias del sistema de justicia. El no contar con mecanismos efectivos de localización y rastreo, por citar un ejemplo simple, propicia decisiones jurisdiccionales que ven en la prisión preventiva un método para asegurar el seguimiento del proceso”, señaló.
Reto para el sistema
Explicó que la imposición de esta medida privativa de libertad como opción casi preferencial, así como ciertas debilidades del sistema de justicia para conocer de los procesos en un plazo razonable, entre otras situaciones, ciertamente generan una elevada carga en los sistemas penitenciarios y, en consecuencia, hablar de un aumento de la población carcelaria es un factor que incide ampliamente en los noveles de hacinamiento de estos recintos.
En el comunicado compartido por la institución, Castaños Guzmán señala que disminuir las cifras de presos preventivos permitiendo la descongestión de los recintos carcelarios y, en consecuencia, minimizar los niveles de hacinamiento en las cárceles dominicanas, sin dudas constituye un reto no solo de sistema de justicia.
“En tanto superar debilidades, sino también de políticas públicas que inciden en materia de seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones que interactúan tales como la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, esta última que tiene a su cargo el sistema penitenciario, también constituye un reto para el sistema”, señaló.
El vicepersidente ejecutivo de Fijus enfatizó en que la prisión preventiva responde a un carácter de excepcionalidad en el marco de un sistema garantista anclado al catálogo de derechos fundamentales esbozados en nuestra Constitución.
El 59% de los presos son preventivos
Un informe sobre la población penitenciaria correspondiente al 26 de enero de este año muestra que, hasta esa fecha, los reos en calidad preventiva constituyen el 59 por ciento de la población carcelaria, con un total de 15,509, y el 41 por ciento está condenado, haciendo un total de 10,952. Del total de los internos, 26, 461 son hombres, un 97.5%, mientras que 685 son mujeres, un 2.5%. El penal La Victoria tiene el 27.9% de toda la población carcelaria.
