La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) propuso ayer la creación de una Procuraduría Especializada en la persecución de delitos y crímenes electorales que incluya un fiscal electoral. El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que la figura del fiscal electoral fortalecería “la ingeniería institucional que rige los sistemas de consecuencias” y permitiría contar con entidades responsables y eficientes en el cumplimiento y ejecución de la ley. La propuesta establece que el titular de la entidad debe estar investido de una protección similar al director de Persecución de la Corrupción.
“Hay posiciones encontradas respecto al tema, pero su creación debe responder a las exigencias de nuestro régimen constitucional e institucional, pues no es posible acudir libremente a las experiencias comparadas sin verificar previamente las posibilidades de importación a la luz de la configuración de nuestro ordenamiento jurídico constitucional”, sostuvo en un comunicado.
“En razón de la anterior, consideramos que la mejor manera de pensar la especialización de la persecución penal de los crímenes y delitos electorales, así como otras atribuciones que resulten propias de la labor de Ministerio Público en la materia, se pueden perfectamente realizar con la creación de una Procuraduría General Especializada al amparo de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11”, propone.
Castaños Guzmán dijo que en su artículo 53, la Ley 133-11 confiere al Consejo Superior del Ministerio Público la potestad de la creación de las denominadas “procuraduría especializadas”.
“Básicamente que el Consejo Superior del Ministerio Público, bajo el supuesto de una prioridad institucional en el marco de los comicios, tiene la potestad de crear la figura del fiscal electoral o, mejor dicho, una procuraduría especializada en la persecución de delitos y crímenes electorales”, sostiene la propuesta.
Explicó que la ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral establece las competencias de este órgano para conocer de los delitos y crímenes electorales y que sin embargo para el conocimiento de esas infracciones se hace necesario de un persecutor que tenga las facultades y el elemento orgánico que haga viables sus funciones, para su efectiva judicialización.
Castaños Guzmán señaló que el nuevo órgano sentaría un precedente para la vida democrática del país porque las infracciones cometidas antes, durante y después de las elecciones, no generan acciones relevantes que establezca responsabilidades y consecuencias.
Fiscal electoral duraría cuatro años en el cargo
La propuesta de la Finjus establece que el fiscal electoral debe durar cuatro años en el cargo para “evitar así que pueda ser objeto de interferencias”. El vicepresidente de la Finjus dijo que es necesario que el titular de la Procuraduría Nacional Especializada en delitos electorales debe provenir de la carrera del Ministerio Público. Igualmente, dijo que la ley electoral debe mandar la creación de esa figura al Ministerio Público.
