La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhortó al Congreso Nacional concretar la selección de los aspirantes a miembros de la Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo con apego a criterios de meritocracia, transparencia e idoneidad.
Ante el proceso de selección que conoce la sede legislativa respecto los postulantes a dirigir esas instituciones gubernamentales, Finjus entiende necesario el abocarse a una reflexión integral de los retos que debe asumir el Senado para garantizar un proceso de selección y nominación transparente, participativo y consensuado con la sociedad “con estricto apego a los principios democráticos de independencia e imparcialidad”.
De acuerdo a la Fundación, la selección de los nuevos miembros de estas instancias debe alejarse de cualquier viso de arbitrariedad, así como evitarse inobservancia de los presupuestos normativos establecidos en la Constitución de la República y la ley.
“No se puede pretender jugar a poner obstáculos en la elección de órganos tan sustanciales para el ejercicio democrático institucional como lo es, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, sobre la cual descansa la salvaguarda de las cuentas pública y el control fiscal del erario”, asegura el comunicado firmado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
Para la entidad civil, el buen funcionamiento del órgano regulador constituye un elemento esencial para la existencia de una democracia efectiva en la que exista una relación de pesos y contrapesos de conformidad a los preceptos de un Estado social y democrático de derecho. “Por ende, resulta imprescindible que este órgano esté integrado por perfiles profesionales que estén sustentados en capacidad e idoneidad”.
Defensor del Pueblo
En cuanto al Defensor del Pueblo, la Fundación Institucional y Justicia sostiene que se trata de una figura la cual surge como una necesidad del control social de los gobernados en contra de las arbitrariedades y el incumplimiento de las obligaciones asignadas a la administración pública, para constituir de esta manera una voz a favor de la protección de los derechos de las personas y los intereses colectivos y difusos. Así también, señala que la vía para garantizar la legitimación de los dos órganos estatales es a través de un proceso de selección transparente y basado en los méritos de quienes aspiran, dejando de lado posibles vínculos con el gobierno u otros sectores de poder.
Dice la sociedad no ve un régimen de consecuencia
Para la Fundación Institucional y Justicia, “el perjuicio económico detectado en las auditorías que realizan los órganos de control interno y externo, especialmente los producidos por la Cámara de Cuentas, no ha generado, de manera constante, la activación de los mecanismos de régimen de consecuencias civil, administrativo y penal que ordena la ley”, por tanto, la ciudadanía percibe que las respuestas a la corrupción son ineficaces.
