El pasado día 23 de este mes se cumplieron cinco años de que el Tribunal Constitucional emitió la controversial sentencia 168/13 que sienta los criterios para adquirir la nacionalidad dominicana.
Hasta ahora, ha sido la sentencia de mayor impacto nacional e internacional que ha emitido la corte en más de seis años desde que entró en vigencia.
Los efectos inmediatos de la sentencia se concretizaron en la auditoría a los libros del Estado civil desde el 1929 hasta el 2013 para determinar la cantidad de personas extranjeras inscritas de manera irregular. Según la investigación de la Junta Central Electoral (JCE), dirigida por Roberto Rosario, fueron 55 mil los extranjeros registrados en esas condiciones, en su gran mayoría de descendencia haitiana.
Ese grupo de personas se benefició de la ley 169/14 que establece un régimen especial de nacionalidad para las personas extranjeras afectadas por la sentencia 168/13. El fallo del TC también ordenó al Estado desarrollar un plan nacional de regularización de extranjeros que permita a los ciudadanos de otros países regularizar su estatus migratorio.
La República Dominicana fue objeto de críticas por organismos y potencias internacionales producto de ese fallo. Entre las organizaciones que emitieron críticas figuran la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Recientemente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció la labor del país en materia migratoria.
