Juristas consultados por Accion Empresarial por la Educación (Educa) han coincidido en que la sentencia emitida contra la seccional de Barahona de la Asociación Dominicana de Profesores es correcta.En un documento de prensa, la entidad recoge las opiniones de Olivo Rodríguez Huertas, Cristóbal Rodríguez, Servio Tulio Castaños y George Santoni, quienes coinciden en que el fallo del magistrado Máximo Matos se fundamenta en la preservación del derecho fundamental a la educación.
Para Rodríguez Huertas, el fallo constituye un precedente histórico de tutela al derecho a la educación consagrado por el artículo 63 de la Constitución y obliga a los maestros, regidos por un régimen estatutario a garantizar la continuidad en el servicio publico de la educación.
“A mi juicio, el Tribunal de Barahona hizo una ponderada evaluación del derecho, al establecer que el derecho a la educación está por encima al derecho a la protesta. Esto no impide el desconocimiento del derecho a la huelga, siempre y cuando el ejercicio de este derecho no inhabilite el normal desempeño de los servicios públicos como la educación”, dijo por su lado, George Santoni.
Para Cristóbal Rodríguez, el tribunal realizó una adecuada ponderación de los intereses en conflicto al otorgar prevalencia al derecho a la educación en las condiciones constitucionalmente establecidas, frente a las pretensiones de la seccional de Barahona de la ADP.
Castaños, por su parte, dijo que toda vez que se invoque el derecho a la huelga, con la consecuente suspensión de horas y días de clases, se ve lesionado el interés superior de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación en tiempos y contenidos adecuados.
