Juristas criticaron ayer el procedimiento de principio de oportunidad empleado por la Procuraduría General de la República para la homologación del acuerdo con Odebrecht y lo calificaron de incorrecto.
El abogado Cándido Simon explicó que lo más conveniente en este caso, era la realización de un procedimiento penal abreviado. Resaltó que la Procuraduría debió presentar una acusación y en consecuencia solicitar un proceso penal abreviado, ante el mismo juez, “quien debía quitarse la ropa de juez de la instrucción y colocarse la del juez de sentencia, para conocer en audiencia pública y oral la acusación con el acuerdo como medio de prueba”.
El jurista señaló que aunque el acuerdo es posible porque está previsto en la Ley, éste debía presentarse como medio de prueba por la vía del procedimiento penal abreviado y no por el criterio de oportunidad. “En los casos en los cuales el patrimonio público resulte gravemente afectado o sea imputado o imputable un funcionario público o un exfuncionario, no procede el criterio de oportunidad”, aclaró.
También, el abogado Claudio Caamaño Vélez, cuestionó el acuerdo y resaltó que aunque no se conocen plenamente los detalles “porque se ha estado haciendo mediante el secretismo, es evidente que busca quitar la responsabilidad penal de los funcionarios de Odebrecht”. Señaló que el procurador general debió actuar como su homólogo brasileño, quien primero puso bajo arresto a los implicados y luego los hizo suscribir un acuerdo de delación para la reducción de la pena que les sería impuesta.
