Coinciden en que expedientes son mal instrumentados, para luego atribuir la responsabilidad a los jueces
Errores en actas de allanamiento, manejo inapropiado de evidencias y expedientes mal instrumentados, serían algunas de las causas por las cuales los tribunales descargan a imputados por delitos como corrupción y asesinato.
El año pasado, específicamente el 18 de agosto, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, descargaron al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Alberto Alcibíades Holguín, y a la ingeniera contratista Sobeida Ogando Perdomo, a quienes la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) acusaban por los delitos de corrupción y malversación de fondos.
El fallo, rubricado por las juezas Giselle Méndez, Ingrid Fernández y Claribel Nivar, se produjo debido a que el Ministerio Público no pudo sustentar los cinco aspectos que contenía su acusación contra los dos imputados.
Este caso causó revuelo en la opinión pública y generó serios cuestionamientos a la actuación de las magistradas responsables del descargo, al igual que ocurrió recientemente con la sentencia absolutoria a favor de los acusados Arsenio Quevedo, Cristino Batista Roa y Erickson de los Santos Solís, la cual se produjo por elementos de prueba insuficientes.
El tribunal, integrado por las juezas Yisell Soto Peña, Clara Sobeyda Castillo Castillo y Leticia Martínez Noboa, argumentó en sus conclusiones que las pruebas presentadas por la defensa y el Ministerio Público (MP) nunca inculparon al empresario del transporte, al exregidor y a Cristino Batista Roa, pero sí a Amaury Cabrera y a Danilo Octavio Reinoso.
Fiscales hacen mal la imputación
Para el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Cándido Simón, el reciente descargo de De los Santos Solís y del presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), a quienes el Ministerio Público acusaba de sicariato y asociación de malhechores, fue producto de un expediente mal instrumentado y de irregularidades en la ejecución de la orden de allanamiento.
Resaltó que en la mayoría de los procesos trascendentes, el MP no está construyendo la imputación de forma correcta y esencialmente en esos procesos donde se cometen tantos errores y terminan con descargos en los tribunales.
“En el caso Quevedo, que con una sola acta de allanamiento realizaron tres procedimientos distintos en tres lugares diferentes, eso es grave porque implica que todo estaba contaminado”, aclaró.
Simón mencionó que eso mismo está ocurriendo en el caso Odebrecht, en el cual fueron imputadas 14 personas por el delito de soborno y anunció que en la forma como está siendo instrumentado el expediente, no se va a llegar muy lejos.
“Tal y como lo dijo en su momento la magistrada Miriam Germán, en su voto disidente con el tema de la prisión preventiva, los fiscales construyen mal su imputación, para entonces sindicar a los jueces y hacerlos ver como que son los que cometen fallos y errores”, agregó.
Simón señaló que a esto debe añadírsele el agravante de que el Consejo del Poder Judicial procesa disciplinariamente a los jueces por las decisiones que toman, sin que necesariamente se evidencie la comisión de un acto de corrupción, situación que lesiona la independencia y autonomía que debe tener el Poder Judicial.
“Para que funcione el sistema es necesario que los fiscales dirijan la investigación y completen la recolección de evidencia conforme a las reglas que están clarísimas y no ponerse a hacer malabares, bajo el argumento de que los jueces les temen”, aclaró.
Existe populismo punitivo
También, el abogado penalista Jorge Contreras, coincidió en que existe una debilidad del MP en cuanto a la presentación de los expedientes contundentes, a los fines de desmontar la presunción de inocencia de un imputado.
“Esto se debe a la falta de objetividad, al sensacionalismo y al populismo punitivo, tal y como ocurrió con las declaraciones que emitió la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, con respecto al caso de Arsenio Quevedo y al exregidor, en las cuales dijo que a las juezas deben investigarlas”, expresó.
Añadió que los abogados han sido testigos de un sinnúmero de procesos que se caen por las malas actuaciones del MP, la dejadez y la no presentación a tiempo de las pruebas y de la recolección de evidencias, lo que pone en entredicho la buena imagen del Poder Judicial.
“Esta situación se evidencia con mayor fuerza en los casos de narcotráfico, los cuales se basan solamente en las informaciones que presentan los agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por eso el llamado es al MP para que verifique los aparatos investigativos y los protocolos que están aplicando”, añadió.
Asimismo, el jurista Danilo Lapaix mencionó que muchos expedientes son mal instrumentados, por incapacidad o a propósito, “y prueba de ello es que en algunos casos se viola el cuidado de la cadena de custodia de las pruebas y se descuida la legalidad del proceso, sobre todo, en la etapa de investigación”.
Alertó que si el MP no realiza de forma óptima esta fase, cuando el expediente le llega al juez no queda otra alternativa más que descargar al imputado, aunque existan pruebas suficientes en su contra. “El Ministerio Público y los jueces son corresponsables del cuestionamiento que hace la sociedad al sistema de justicia dominicano”, afirmó.
Por último, resaltó que el titular del Poder Judicial se arrodilla ante el Poder Ejecutivo, “porque su permanencia en el puesto depende de éste, tanto así que no hace que se cumpla la ley de presupuesto, al no exigir que se otorgue lo que le corresponde; por lo que sugerimos que la Justicia sea despolitizada de una vez y para siempre, pues de lo contrario habrá deficiencias, cuestionamientos y corrupción en nuestro sistema judicial”.
Fiscal DN cuestiona decisiones por Twitter
Tras la decisión de descargo del exregidor de Pedro Brand y del presidente de Unatrafin, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, escribió un tuit a través de su cuenta, cuestionando la decisión judicial. “Está de más decir que apelaremos la decisión que condenó a 30 años a los dos contratados de Quevedo y exregidor y los descargó a ellos. Cómo se puede explicar que un testigo sea considerado coherente para condenar a los desarraigados y poco creíble para los jefes”, escribió. Más adelante, subió otro tuit con la frase: “La mapificación en las escenas, las llamadas, los sicarios en la nómina, el cheque, los testigos, las pruebas del móvil vinculadas directamente a Quevedo y a Erickson, entre otras muchas pruebas no fueron suficientes, esperemos a ver qué dice la Corte”.
