Los partidos de oposición y aliados al PLD presionan cada vez más a la JCE para que asuma un papel de mediación en un diálogo político.Ante la ausencia de monseñor Agripino Núñez Collado como mediador entre las organizaciones políticas para garantizar el consenso en la ley de partidos y agrupaciones políticas, la Junta Central Electoral (JCE) juega un papel estelar en la actual coyuntura. Por un lado, el propio organismo se ha fijado como meta crear las condiciones para que la pieza sea aprobada este año y por otro, debe garantizar que la ley que resulte cuente con el consenso de todos los sectores políticos.
Además de eso, la JCE tiene por delante organizar las elecciones del 2020 en un escenario de mayor equidad, una de las principales quejas de los partidos de oposición, reto que hasta ahora ha sido imposible por la falta de normativas.
Todas las organizaciones políticas, con la excepción de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD), han pedido a la JCE que medie “para evitar que la ley de partidos sea un traje a la medida” del PLD por su dominio en el Congreso Nacional. Al mismo tiempo han criticado que el organismo depositara ante el Congreso los proyectos que fueron elaborados en el 2011 cuando la entidad era dirigida por Roberto Rosario. Unos 24 partidos sostienen que la nueva JCE no los consultó para consensuar la pieza.
En tanto, el PLD sostiene que el Congreso Nacional es constitucionalmente el escenario para discutir la iniciativa y que hacer lo contrario es violar la Carta Magna. De hecho, ya los legisladores concluyeron las consultas sobre el proyecto, pero la oposición no atendió el llamado de la comisión de justicia del Senado para presentar su propuesta.
El partido oficialista sostiene que el Congreso es el escenario ideal para consensuar la pieza, pero la mayoría de los partidos exige un diálogo en otro lugar. Esos partidos han advertido que si el PLD “impone su mayoría mecánica” habrá “una crisis de gobernabilidad en el país”.
Aunque esas organizaciones están en una minoría en representación congresual, no se puede subestimar su capacidad de acción si se toma como referencia lo ocurrido con la composición de la actual JCE, en la que si bien la oposición no logró imponer a todos los miembros, le ganó la batalla al PLD al lograr que tres de sus integrantes, no tengan vínculos políticos partidistas.
De hecho, recientemente el excandidato del PRM, Luis Abinader, declaró que el movimiento verde además de su lucha en contra de la corrupción y la impunidad debe incluir otros temas, como el costo de las campañas electorales.
“Resolver eso coincide con la lucha verde por el fin de la corrupción y la impunidad, que precisamente ahí empieza a generarse, porque hay gente que apuesta a la política para alzarse con grandes ganancias, como estamos viendo ahora en el caso de los sobornos y las obras sobrevaluadas de Odebrecht”, subrayó.
Castaños Guzmán ha dicho que estaría en la disposición de mediar en ese diálogo, pero condiciona esa decisión a que se lo pidan todos los partidos y hasta ahora la alianza PLD-PRD no lo ha hecho.
El pleno del organismo ha sostenido dos reuniones con los miembros del bloque opositor, sin embargo hasta ahora no hay nada concreto de si finalmente se hará un diálogo político, que además de los partidos incluya a la sociedad civil, que para fines de presionar por la ley de partidos, creó la entidad Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.
En el diálogo que rompió la oposición el pasado año, se usó para presionar por la elección de los miembros de la JCE y hasta cierto punto el bloque opositor logró su cometido. Ahora fue convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger los jueces del Tribunal Superior Electoral, otro blanco de la oposición y el escenario se presta para otro pulso en el que la ley de partidos estaría de por medio.
La falta de legislación limita accionar de Junta
El presidente de la junta ha dicho que si no se aprueban las reformas pendientes de todos modos la JCE regulará la próxima campaña política porque no va a rehuir de su responsabilidad. Sin embargo, corre el riesgo de que sus decisiones queden sin efecto por el Tribunal Superior Electoral (TSE) como ocurrió recientemente con la sentencia 13-17 que echó para atrás la resolución que establece el orden de los partidos. El artículo 212 de la Constitución le da autonomía reglamentaria a la JCE en los asuntos de su competencia, pero la pasada administración se negó a emitir reglamentos de campaña electoral debido a que no cuenta con las legislaciones que definan el alcance de ese mandato. No sería la primera vez que la JCE intenta reglamentar las campañas electorales mediante reglamento sin que haya tenido éxito. Para las pasadas elecciones Roberto Rosario se quejó de que a la JCE se le pide más de lo que la ley le permite.
