Luego de 15 horas finalizó la audiencia de conocimiento de medidas de coerción contra 13 de los 14 imputados por sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht por un monto de 92 millones de dólares, según el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público.Dada la complejidad del caso y al agotamiento de las partes, el juez especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, fijó para hoy a las 4:00 de la tarde la lectura de la sentencia, junto con una serie de incidentes presentados por los abogados de la defensa que fueron acumulados por el tribunal.
Tal como lo había anunciado al comienzo de la audiencia, Ortega Polanco permitió a los 13 acusados expresar sus inquietudes sobre el proceso. Uno a uno fueron desfilando por el pódium alegando su inocencia. El primero en hacerlo fue el senador por Santiago, Julio César Valentín, quien garantizó que estará presente en todas las audiencias, tras reiterar su deseo de que el caso se esclarezca.
De su lado, Ángel Rondón se refirió a sus inicios como empresario y narró que ingresó a Odebrecht luego de una llamado que le hiciera el embajador de Brasil en ese entonces. Dijo que la gente cree que fue el presidente Luiz Inácio da Silva quien trajo la constructora Odebrecht al país, pero fue el expresidente Fernando Enrique Cardoso, quien mostró interés para que la empresa se establezca en el país.
En tanto que el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, dijo que siempre ha sido considerado como un tecnócrata por decir la verdad. Señaló que “decir la verdad” le ha traído muchos problemas incluso dentro de su partido donde, según afirma decir la verdad es un delito. También expresó que espera que la justicia lo limpie del “lodazal” en que el Ministerio Público ha querido meterlo.
Inicio del proceso
Ortega Polanco subió puntualmente a la sala a las 10:00 de la mañana, pero los representantes del Ministerio Público y los congresistas imputados no habían llegado a la audiencia, por lo que decidió aplazarla 10 minutos. Los procuradores, encabezados por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, llegaron a la sala pasados seis minutos; mientras que el diputado Alfredo Pacheco llegó a las 10:05 a.m. y el senador Julio César Valentín entró a las 10:07 de la mañana.
A las 10:15 a.m., el juez dio formal inicio a la audiencia y dio la palabra al Ministerio Público, quien a través del fiscal Wilson Manuel Camacho, comenzó por leer las imputaciones a Ángel Rondón Rijo, Ramón Radhamés Segura, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga. El magistrado, al referirse a Díaz Rúa, llamó a “abrocharse el cinturón” y dijo en tono irónico que debía entregársele un Nobel de economía, debido a que en sólo cuatro años incrementó su fortuna de 63 millones de pesos a más de 414 millones.
Seguidamente, a las 11:42, el fiscal Francisco Polanco leyó la solicitud de medida de coerción referida a Ruddy González, Julio César Valentín y Juan Temístocles Montás. La exposición del representante del MP fue interrumpida por el abogado Abel Rodríguez del Orbe, quien se molestó por la presencia de la prensa en la sala. El juez ordenó la continuidad de la audiencia y señaló que este tema sería discutido más adelante. La última exposición por parte del MP recayó sobre el fiscal Milcíades Guzmán, quien a pesar de las frecuentes interrupciones y los reiterados llamados del juez Ortega Polanco, para que fuera más concreto en su exposición, fundamentó las imputaciones en contra de César Domingo Sánchez Torres, Máximo De Oleo, Tommy Galán, Juan Roberto Rodríguez, Alfredo Pacheco Osoria y Andrés Bautista.
Ministerio Público
El Ministerio Público reiteró que los 14 imputados hasta el momento por su presunta participación en los sobornos pagados por la multinacional Odebrecht, aparecen con menciones específicas en los papeles y datos recibidos de la constructora brasileña y las autoridades de Brasil, destacando que estos indicios son serios y graves, por lo que ameritaban una investigación a fondo y la correspondiente solicitud de medidas de coerción, tal como se ha hecho.
Durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción, los fiscales actuantes indicaron que sobre todos existen imputaciones en las declaraciones bajo juramento realizadas ante el Ministerio Público Federal de Brasil, por cinco exejecutivos de Odebrecht, las cuales fueron validadas por el Supremo Tribunal Federal de esa nación.
El Ministerio Público reiteró que todos esos documentos, obtenidos gracias al Acuerdo de Colaboración con la Investigación firmado con la multinacional brasileña junto a otros recabados durante las pesquisas locales, se encuentran depositados en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia.
El Ministerio Público señaló que en lo adelante le corresponde seguir con su papel de órgano persecutor del crimen, profundizando la investigación y probando en un juicio de fondo la culpabilidad de cada uno de estos 14 imputados hasta ahora, quienes deberán demostrar ante los tribunales su presunta inocencia de las referencias específicas de sus nombres en los documentos aportados por Odebrecht y las autoridades de Brasil, así como también, en los hallazgos detectados durante las pesquisas realizadas en el país. l
Abogados piden que liberen a sus defendidos
Los abogados de la defensa de la totalidad de los imputados pidieron libertad pura y simple de sus defendidos, alegando que no recibieron sobornos de parte de Odebrecht. El abogado del empresario Ángel Rondón, Manuel Fermín Cabral, calificó como un absurdo el pedido de 18 meses de prisión como medida de coerción en contra de los imputados por el caso de sobornos Odebrecht. Explicó que el fin de la prisión preventiva no es sancionar, sino asegurar la presencia de los imputados en un proceso.
Antoliano Peralta, abogado del expresidente del Senado, Andrés Bautista, consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no son suficientes para la imposición de medidas de coerción. Mientras que el jurista Delgado Malagón, defensor del exfuncionario peledeísta Radhamés Segura, indicó que las imputaciones contra su cliente no tienen sentido.
El representante del exdiputado Ruddy González, Juan Alberto Núñez, consideró que el caso Odebrecht es más político que jurídico y sin pruebas contra su representado.
