Los jueces del primer Tribunal Superior Electoral (TSE) que se instaló en la República Dominicana han emitido 831 decisiones contenciosas electorales, la gran mayoría, 535, sobre conflictos en los cuatro partidos mayoritarios. Sobre el PLD han emitido 82 sentencias favorables y 97 en contra; el PRM, 105 a favor y 134 en contra; el PRD, 14 a favor y 31 en contra y el PRSC 32 a favor y 40 en contra.
Los números no son más que estadísticas frías, pero por cada una de las decisiones que los jueces emitieron en contra de la oposición política del país le sumó una ola de críticas y calificativos como que tienen “una guillotina en contra de los partidos de opositores” y ahora se han unificado y exigen que ninguno sea reelecto en el cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los magistrados Mariano Rodríguez, presidente, y los titulares, Mabel Féliz Báez, Marino Mendoza, José Manuel Hernández Peguero y John Guiliani Valenzuela han sido acusados de parcialidad política a favor del PLD y de ser los responsables de la división del PRD.
De los cinco magistrados solo Hernández Peguero no inscribió su candidatura para seguir en la corte. Los jueces llevan casi seis años y fueron juramentados el 28 de diciembre del 2011 y el periodo para el que fueron electos venció el 16 de agosto del año pasado.
Las quejas contra los jueces iniciaron desde el 2012, encabezadas por el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, que organizaron marchas denunciando la supuesta parcialidad de la corte a favor del sector de Miguel Vargas en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al punto de que sobre los hombros de los jueces lanzaron la responsabilidad de la división más grande que ha sufrido el partido blanco, el más viejo y grande del país.
Entre las sentencias más sonadas del TSE está la que ratificó la expulsión del expresidente Mejía y Andrés Bautista del PRD. También echaron para atrás la expulsión del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de Amable Aristy Castro y más recientemente dejó sin efecto la suspensión de la presidencia de la organización de Federico (Quique) Antún Batlle igual que de un grupo de más de 20 dirigentes que habían sido separados.
Para las elecciones del 2016, una decisión de la corte obligó al PRSC a inscribir a David Collado como candidato alcalde del Distrito Nacional, en lugar de hacerlo su partido, el PRM, porque los jueces del TSE ratificaron como buena y válida la candidatura de (Fello) Suberví Bonilla como candidato del Partido Moderno en contra del PRM.
Igualmente, el pasado año anuló una decisión del Comité Político del PLD que prohibía a sus miembros ir a los tribunales del país a dirimir los conflictos internos; en el 2014, dejó sin efecto la elección de dos mujeres para el Comité Central del PLD que a pesar de que habían obtenido menos votos que los hombres habían sido elegidas para ese órgano alegando cumplir la cuota del 33%.
Los cuatro jueces que quieren seguir en el cargo volvieron a sentir la hostilidad de la oposición durante las entrevistas a que han sido sometidos los aspirantes al TSE por el Consejo Nacional de la Magistratura, donde la oposición está representada por José Ignacio Paliza y Josefa Castillo.
Los actuales jueces del TSE han actuado de manera tan parcializada a favor del PLD y de sus aliados como plantea la oposición y son víctimas de las luchas internas de los partidos políticos y al mismo tiempo de la batalla entre los partidos por dominar el escenario político.
Los sociólogos Cándido Mercedes, exdirectivo de Participación Ciudadana, y Marcos Villamán, catedrático y director del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, difieren al evaluar la labor de los jueces electorales. Mercedes es tajante al calificar de parcializada en contra de la oposición las decisiones del TSE y para ilustrarlo tomó el caso de Suberví del que dijo fue el TSE el que “eligió un candidato por encima de un partido, el PRM”.
“Si se leen las sentencias bien, estaban sesgados”, subrayó. Sin embargo, reconoce que no es inteligente llevar los conflictos políticos a la justicia. “Un problema político no se puede judicializar porque en la justicia hay uno que gana y uno que pierde, pero en la lucha política no”, dijo.
Villamán contextualiza la labor de los magistrados del TSE en que cuando se imparte justicia las decisiones benefician a unos y perjudican a otros y en que los jueces están en medio de las luchas políticas por lo que en esa batalla en algún momento resultarán afectados.
“Si usted recorre las decisiones que han tomado, se dará cuenta de que han beneficiado y perjudicado indiferentemente a los sectores de partidos diversos, de manera que no creo que sea una intención de favorecer a nadie”, dijo.
Cuestionado de si observa que los jueces del TSE han sido víctima de las luchas políticas que se suscitan en el país, respondió: “Yo creo que sí. Yo creo que participar en este país con las tensiones políticas que se dan los va a colocar a ellos en el medio y alguno de los flechazos los va a afectar”, razonó.
Conflicto competencia entre la JCE y el TSE
Los jueces del TSE también han enfrentado conflictos de competencia con la Junta Central Electoral (JCE) y por ese motivo el Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa a la JCE y ahora enfrentan otro conflicto de ese tipo por la decisión del TSE de echar para atrás la decisión del órgano sobre el orden de los partidos en la boleta. La rectificación de actas del Estado Civil es otra de las responsabilidades del TSE, el cual desde que inició su periodo hasta el 18 de mayo de este año ha emitido 29 mil 199 rectificaciones. El primer tribunal electoral del país comenzó a operar en el 2011, por lo que los actuales jueces también tuvieron la responsabilidad de elaborar un reglamento interno para la metodología de trabajo y adecuar su primer local, ubicado en la quinta planta del edificio que aloja al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en el Centro de los Héroes en la capital.
