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Santo Domingo, RD.- Los jueces que son mencionados como víctimas de espionaje en el expediente del caso de corrupción Camaleón, acudieron este jueves a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tribunal que conoce la solicitud de medida de coerción a los siete imputados.
De acuerdo a la solicitud de 18 meses de prisión preventiva en contra de los implicados, Jochi Gomez realizaba labores de “inteligencia y seguimiento” a jueces y funcionarios del sistema judicial dominicano.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, Elías Santini Perrera y Arisleyda Méndez Batista, solo entraron al tribunal y al poco tiempo salieron del mismo, exclamando uno de ellos que son víctimas en el proceso judicial a donde se le acusa a los imputados de pertenecer a un esquema de malversación de fondos públicos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), bajo la gestión de Hugo Beras.
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Conforme a los fiscales de la la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en la guantera del vehículo marca Toyota Land Cruiser, color negro, se encontró un documento con la descripción de los referidos magistrados.
Los jueces permanecieron por pocos minutos de la sala de audiencia sin tener ninguna participación, debido a que en esta etapa del proceso judicial no es permitido este tipo de elementos.
En ese sentido, Carlos Olivares, abogado de Jochi Gómez, explicó que lo que los fiscales encontraron fue una resolución de la empresa Transcore Latam del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y “por lo tanto él tenía calidad para tenerla ya que es una decisión de su empresa que estaba en su poder”.
“Con esto, no implica que estuviera espiando nada, porque una es una resolución, incluso fallada, que él tenía la autoridad de poder tenerla”, recalcó.
El jurista informó que los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no acudieron al tribunal en calidad de testigos, “ya que en esta fase del proceso judicial, es un instrumento que no está permitido”.
Mientras que Luis Rivas, miembro de la defensa del ex director del Intrant, Hugo Beras, indicó que durante la audiencia Jochi Gómez comprobó que el elemento con que el Ministerio Público lo acusa de espionaje a jueces, se trata de un documento del TSA.
En ese mismo orden, en la acusación de 304 páginas del Ministerio Público, señalan los fiscales que también se encontró un cuadro de distintos nombres de jueces, abogados ayudantes, alguacil de estrado, oficinista, alguacil, también del Cuarto Tribunal Colegiado, comenzando con la jueza Perez Santana y terminando con Estafany Orty Montero, siendo esto una prueba de las actividades de inteligencia y seguimiento realizadas por Jochi Gómez a jueces y funcionarios del sistema judicial.
El jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional continúa este miércoles el conocimiento de medida de coerción en contra del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canáan –Jochi Gómez– y otros cinco imputados en una supuesta red de corrupción administrativa, desmantelada mediante la operación Camaleón.
La audiencia se realiza desde las 2:00 de la tarde a puerta cerrada en la sala prestada del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
A los siete encartados se le acusa de cometer irregularidades en el proceso de licitación en que resultó contratada la empresa Transcore Latam para el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
