Será hoy cuando la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, dirá si envía o no a prisión al exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, al empresario José Ángel Gómez Canaán, imputados en el caso de corrupción Camaleón.
Esta solicitud de 18 meses de prisión como medida de coerción, se llevó durante intensas horas de acalorados debates entre el Ministerio Público, que acusa a los implicados de cometer corrupción administrativa a través del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, y la defensa de los encartados que aseguran que son inocentes de las acusaciones.
Conforme al Ministerio Público, en la guantera del vehículo Toyota Land Cruiser de Gómez, se encontró un documento con la descripción de los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, Elías Santini Perrera y Arisleyda Méndez Batista.
El órgano persecutor señala que también se encontró un cuadro de distintos nombres de jueces, abogados ayudantes, alguacil de estrado, oficinista, alguacil, también del Cuarto Tribunal Colegiado, que comienza con la jueza Pérez Santana y termina con Estefany Ortiz, a quienes supuestamente el empresario Jochi Gómez se dedicaba a espiar.
Ayer, los referidos jueces entraron al tribunal donde se les conocía la coerción a los imputados y al poco tiempo salieron de allí, uno de ellos exclamó que son víctimas en el proceso judicial.
En ese sentido, Carlos Olivares, abogado de Jochi Gómez, explicó que lo que los fiscales encontraron fue una resolución de la empresa Transcore Latam del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y “por lo tanto él tenía calidad para tenerla ya que es una decisión de su empresa que estaba en su poder”.
“Con esto, no implica que estuviera espiando nada, porque es una resolución, incluso fallada, que él tenía la autoridad de poder tenerla”, recalcó.
Mientras que Luis Rivas, abogado de Beras, indicó que durante la audiencia Jochi Gómez comprobó que el elemento con que el Ministerio Público lo acusa de espionaje a jueces, se trata de un documento del TSA.
