El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, informó ayer que ese órgano someterá al Congreso Nacional en la próxima semana el proyecto de ley que regula las candidaturas independientes.
El titular de la JCE ofreció la información a su llegada a la sede del Primer Poder del Estado, tras una invitación que le hizo el Senado de la República para que en comisión general explique ante el hemiciclo los detalles del proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral.
“El proyecto de las candidaturas independientes es en base a la facultad constitucional que tiene la Junta Central Electoral de iniciativa legislativa; la próxima semana estará siendo depositado, acorde a lo que le dio el mandato a la comisión del pleno de la Junta”, subrayó.
La esperada norma legislativa es en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) TC/O788/24, emitida en diciembre de 2024, que modifica los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, para permitir que aspirantes a cargos de elección popular puedan participar en los comicios sin partidos políticos.
Al destacar que el órgano extrapoder siempre es respetuoso de la Constitución y las leyes, Jáquez enfatizó que quienes tienen la facultad de aprobar la pieza legislativa son los senadores y diputados.
La propuesta legislativa fue elaborada en consenso con las organizaciones políticas, quienes remitieron sus opiniones al respecto.
Sobre las novedades o detalles del proyecto, el servidor público se limitó a responder que esos son aspectos que deben ser debatidos en el Congreso, que es quien al final de cuentas constitucional y legalmente tiene la última palabra.
En referencia al pliego de ley que regula las candidaturas independientes que sometió el diputado Elías Wessin, presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara Baja, señaló: “Ya eso es un tema del Congreso Nacional”.
La legislación de Wessin establece entre los requisitos para ser candidatos impedientes, que esos aspirantes deberán llevar un listado ante la JCE de personas que no estén afiliadas a partidos políticos, si quieren clasificar como postulantes a cargos de elección popular.
El pasado 10 de marzo, el miembro del pleno del órgano comicial e integrante de la comisión a cargo de elaborar la esperada norma legislativa, Samir Chami Isa, adelantó que la JCE sometería la iniciativa “en los próximos días”, la cual estaba en esos momentos en la etapa de revisión y “casi lista”.
Principal reto en la legislatura
El reto principal que tiene el Congreso en esta legislatura, de acuerdo al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, es dar a la República Dominicana una pieza que regule las candidaturas independientes.
Se recuerda que la sentencia TC/O788/24 generó un revuelo de críticas entre los principales partidos del país y la comunidad jurídica, por entender algunos que el TC no debió modificar la Ley 20-23 sino exhortar a los senadores y diputados a que lo hagan.
Se juntarán tres proyectos; uno en contra de la sentencia del TC
En rechazo a la ordenanza del TC, el senador de La Vega, Ramón Genao Durán, sometió el pasado 4 marzo un proyecto de ley que elimina los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, para suprimir del sistema de elecciones las candidaturas independientes. En su propuesta, justifica que dichas candidaturas no se encuentren consagradas en la Constitución.
El senador afirmó ayer que la JCE tiene iniciativa legislativa, pero está obligada a cumplir la ley que surja del Congreso. “Ellos tienen todo el derecho de mandar un proyecto, y nosotros de acoger, rechazar, modificar o votar el que curse en el Senado de la República”, detalló.
Hace unos días dijo: “Vamos a sacar la pata, eliminando esos tres artículos, y colorín colorado las candidaturas independientes se han acabado”.
Se ha referido al tema en varias ocasiones
El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el controversial fallo TC/0788/24. El magistrado sustenta que las candidaturas independientes no pueden establecerse a través de grupos sociales o entidades civiles, sino mediante agrupaciones o movimientos políticos, tal como establece la Constitución.
Afirma, además, que el artículo 201 de la Ley Suprema consigna con claridad el monopolio que tienen los partidos en la representación del pueblo.
