Los fiscales anticorrupción continúan avanzado con la investigación del caso Coral, donde está implicado el mayor general Adán Cáceres, por lo que ayer depositaron ante el tribunal control del proceso nuevas pruebas en contra de los imputados.
Así lo explicó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien dijo que “cada vez más se confirma” los cargos sobre estafa contra el Estado, lavado de activos y otros, que presentaron contra Cáceres y los otros cinco encartados.
El depósito de las pruebas, que consisten en testimonios y pericias, provocó la suspensión de la revisión de la medida de coerción de los imputados. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tuvo que suspender la audiencia para el lunes 21 a las 3 de la tarde a los fines de que las defensas de los imputados tomen conocimiento de los documentos.
Con las nuevas pruebas, la fiscal Ortiz confía en que le juez Mejía ratifique la prisión preventiva que cumplen Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, sargento Alejandro Montero Cruz y el cabo policial Tanner Flete Guzmán. Además, cree que el Raúl Girón continuará en arresto domiciliario, medida que cumple por razones de seguridad por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Ayer, el magistrado Mejía también pospuso para el próximo 21 de febrero el conocimiento de varias peticiones de la defensa del imputado Rafael Núñez de Aza.
El pasado 26 de enero, el juez otorgó una prórroga, otorgada por el juez Mejía hasta el próximo 16 de abril, para presentar acusación.
La Pepca ha dicho que los imputados desviaban dinero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Indica que los imputados realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
