Abinader llevó la voz cantante de quienes pedían que dirigentes de partidos no ocupen esas entidades
Con la escogencia de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) el pasado miércoles, concluyó el proceso de selección de los integrantes de los órganos extrapoder bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader. En el proceso se impuso el criterio de excluir a los militantes de los partidos en una apuesta por la despartidización de esos órganos que promueven diversos sectores como alternativa para lograr mejores resultados institucionales en materia de fiscalización, transparencia y credibilidad en materia electoral.
Además del presidente Abinader, entidades de la sociedad civil como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entre otros sectores apoyaron la idea de la idoneidad de que los miembros de los partidos no formen parte de esos órganos.
Aunque algunos dirigentes de partidos políticos en el propio Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), no estuvieron de acuerdo con la exclusión de los militantes políticos de esas instituciones, el rechazo no fue importante y en el Congreso asumieron esa línea en la elección de los miembros de la JCE, la Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo.
En el proceso también se apostó a la renovación total tanto en el TSE, la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas. Solo el juez Francisco Ortega de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) logró ser ratificado en la evaluación a que fue sometido ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Ygnacio Camacho Hidalgo, es el nuevo presidente del TSE que estará integrado por los jueces titulares Juan Alfredo Biaggi Lama, Rosa Fiordaliza Pérez, Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz. Tras su selección, el presidente Abinader, que también preside el CNM, resaltó que no son miembros de partidos políticos.
Los nuevos magistrados reciben un órgano que ganó valoración positiva en algunos sectores en el periodo de Román Jáquez, Santiago Sosa, Rafaelina Peralta, Cristian Perdomo y Ramón Madera.
Resultados de 9 meses de JCE
El primero de los órganos extrapoder en ser renovado fue la JCE y con la objeción del PLD fue electo Román Jáquez para presidirla y como miembros titulares Dolores Fernández, Patricia Lorenzo, Chami Isa y Rafael Vallejo.
El grupo que tendrá la responsabilidad de organizar las elecciones del 2024, recibió un órgano con la credibilidad al más bajo nivel por las quejas de supuesta parcialidad con el entonces gobernante PLD, pero sobre todo por la suspensión de las elecciones del 16 de febrero del 2020 por un fallo en el sistema de votación, una apuesta de la JCE encabezada por Julio César Castaños Guzmán e integrada por Carmen Imbert Brugal, Roberto Saladín, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía. Los tres primeros no tenían militancia partidista por lo que fue una JCE mayoritariamente sin miembro de los partidos.
En lo que lleva la actual gestión la decisión de mayor transcendencia para los partidos, fue la relativa al criterio para la distribución de la contribución económica del Estado a las organizaciones. El resultado fue un choque con más de 20 partidos y la resolución anulada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
El órgano no ha logrado el consenso total en sus decisiones políticas, pues la primera resolución fue adoptada con el voto disidente de la titular Dolores Fernández y luego para acatar la sentencia del TSA, hubo dos disidencias.
La JCE tiene pendiente la escogencia de cinco funcionarios importantes de cara al proceso electoral. Para eso solicitó la opinión de los partidos y las organizaciones enviaron sus observaciones por escrito, pero el tema ha quedado pausado por decisión de la JCE.
Los funcionarios pendientes de elección son los directores del conflictivo departamento de Informática, Dirección de Elecciones, Partidos Políticos, Registro Civil y Cedulación. Una acción que sumó puntos a la JCE con los partidos, fue la decisión de su presidente, Román Jáquez, de colocarse del lado de las organizaciones ante la decisión del gobierno de recortar el 50% de los fondos a los partidos. En cuanto al registro civil, la JCE ha avanzado con la eliminación del requisito de legalización a los actos del estado civil y ahora se propone motorizar el proceso para dotar de actas de nacimiento a 200 mil niños sin actas.
El TC y la SCJ
El CNM encabezado por el presidente Abinader también escogió a cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitucional e igual primó el criterio de no militancia partidista. Los jueces que resultaron escogidos son José Alejandro Vargas, María del Carmen Santa Cabrera, Eunisis Vásquez Acosta y Manuel Ulises Bonnelly Vega. En la SCJ solo se ha evaluado al magistrado Ortega que fue ratificado. La SCJ no le toca escogencia de jueces incluido su presidente en el actual periodo de gobierno pues son inamovibles por siete años, tiempo en el que son evaluados. El presidente de la SCJ, Henry Molina, lleva dos años en el cargo.
Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo
Los actuales miembros de la Cámara de Cuentas asumieron el organismo en un profundo descrédito al punto de que la sede de la institución fue allanada por más de 30 fiscales que investigan a tres de los pasados titulares, incluido quien fuera su presidente, Hugo Álvarez, por supuestos actos de corrupción y obstrucción a la justicia con la alteración de auditoría supuestamente para tapar irregularidades del pasado gobierno. El Senado escogió como presidente a Janel Andrés Ramírez Sánchez; Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta; Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria y como miembros a Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña. Desde su escogencia en abril de este año no se conocen resultados de la nueva gestión. Uno de los retos de la institución es la rapidez con que puedan entregar las auditorías que se soliciten al órgano y la credibilidad de esas investigaciones. En la figura del Defensor del Pueblo que encabeza Pablo Ulloa, también se impuso el criterio de personas no militantes de los partidos para ocupar el cargo a pesar de que originalmente la idea no fue promovida por el presidente Abinader. Hasta ahora, la Defensoría del Pueblo no es una institución que haya tenido mayor impacto en el país, por lo que el principal reto de su titular estará en fortalecer la entidad que defiende los derechos fundamentales.
