Santo Domingo.- El presidente del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana (Idard), César Vargas Pimentel, dijo que la organización está preocupada por la incapacidad de atender los incendios forestales de forma eficientes en la República Dominicana.
Alegó que el país debe tener la capacidad de combatir los siniestros de forma eficiente sin poner en riesgo la vida de los que se encuentran en la línea de fuego.
Además, dijo que si se quiere mejorar los incendios es garantizando las condiciones de trabajo de los técnicos del ministerio.
La inquietud viene luego de que el pasado mes de febrero, en el país dominicano se registraron dos siniestros, casi al mismo tiempo y en diferentes zonas montañosas protegidas por el Estado.
Actualmente el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, mejor conocido como Valle Nuevo, en el municipio de Constanza, ha sido uno de los más afectados. Se estima que el siniestro ha impactado miles de tareas en diferentes puntos del área.
El domingo pasado 26 de febrero, medios nacionales dieron a conocer como se desarrollaban incendios forestales en esa parte de la isla. Asimismo el humo producto del fuego, en el parque del sistema montañoso más importante de la isla, llegaba hasta el Mar Caribe según imágenes satelitales.
Por otro lado en el mismo mes, otro siniestro ocurrió en Barahona, afectando las zonas del Cruce de Santa Elena, la Ciénega, el Puente Coronel y dos cuencas hidrográficas; el río Bahoruco y el río Chir Alto de Saladillo.
Además las investigaciones coincidieron en qué las causas de ambos siniestros, fueron producto de labores de agricultura (conuquismo) o para solares.
Cesar Vargas alegó que la mayoría de los casos de incendios forestales son provocadas por actividades humanas como; la agricultura, la ganadería el campiu, y la falta de normativas para la visitas a las áreas protegidas.
El también asesor legal ambiental señaló que sanciones penales, según la Ley 64-00, impuestas a las personas que causan los incendios forestales o daños al medio ambiente van desde 4 años a diez años. Asimismo multas importantes de 10 mil a 20 mil salarios mínimos del sector público ya sean personas físicas o jurídicas.
No obstante las penas pueden agravarse si ocurrieran pérdidas humanas, aplicándose las condenas establecidas en el Código Penal dominicano.
Pimentel indicó que los incendios forestales se agravan porque las áreas naturales de las zonas protegidas y de todo el territorio dominicano ya están sometidas a mucha presión por la contaminación, la tala indiscriminada de árboles, la ganadería, la agricultura y el desarrollo urbano.
Argumentó que las consecuencias de los siniestros van desde la pérdida de masa forestal, emisiones de dióxido de carbono, reducción de la huella de carbono, pérdida de la biodiversidad, y la incapacidad del suelo para ser productivo.
Otro efecto negativo es la pérdida de la capacidad de producción de agua, resultándole el más importante de todos. “Cada vez que se produce un incendio forestal la capacidad para producir agua del ecosistema se ve mermada” enfatizó.
Por otra parte expertos confirman que, como consecuencia de los incendios ocurre una disminución de los caudales de los ríos. Ese descenso se debe a la reducción de la capacidad de almacenamiento de agua, por la quema de la cobertura boscosa.
Vargas Pimentel subrayó, que los siniestros, en una parte, pueden ser perfectamente prevenibles tomando medidas, regulando la visitación y haciendo un programa de monitoreo. No obstante sustentó que es evidentemente imposible que tarde o temprano se produzca un incendio.
Recomendó que se necesita un sistema de monitoreo y alerta temprana, mayor capacidad para los guarda parques, para los que están en las áreas mejores métodos de comunicación, y medios e instrumentos para poder combatir los fuego, y programas permanentes de capacitación, esto para una mayor capacidad de respuesta.
Terminó recalcando que es peligroso y riesgoso que bomberos sin capacitar estén sofocando los incendios.
Según datos las zonas de mayor ocurrencia de incendios forestales se encuentran dentro de las áreas protegidas. Estas zonas representan el 25 por ciento del territorio dominicano.
Algunas de las áreas protegidas más afectadas son: Parque Nacional Armando Bermúdez, Parque Nacional José del Carmen Ramírez, Parque Nacional Juan Bienvenido Pérez Rancier, (Valle Nuevo), Parque Nacional Sierra de Bahoruco, Parque Nacional Los Haitises, Sierra de Neyba, Sierra Martín García.
Asimismo revelan que estas áreas protegidas conservan ecosistemas naturales representativos de las diversas regiones biogeográficas y ecológicas del país. También preservan las principales fuentes hídricas que son fundamentales para sustentar el consumo humano, así como el desarrollo agrícola, industrial, energético, y turístico.
Según las estadísticas en el año 2022 ocurrieron 200 incendios. 98 por ciento de estos fueron por causas humanas y de ello más del 85 por ciento por actividades agropecuarias.
Desde el año 1990 hasta el 2020 han ocurrido aproximadamente 5,011 incendios forestales a nivel nacional, con una superficie afectada de 180,148.44 hectáreas.
