El Ministerio Público informó que ha llegado a un acuerdo con al menos tres de las 12 personas acusadas de pertenecer a una red de corrupción que supuestamente operaba dentro de la Procuraduría General de la República (PGR).
Uno de estos imputados en el caso Gavilán es el miembro de la Policía, Antony Vicente Ferrer, quien en la audiencia en la que se le conoce la medida de coerción, admitió las imputaciones que le hace el órgano persecutor, de acuerdo con declaraciones de la procuradora adjunta Sourelly Jáaquez.
“Admitió completamente los hechos presentados por el Ministerio Público; dijo cómo funcionaba la red; y habló de otro de los imputados que está involucrado en este proceso”, expresó la fiscal.
Desde un principio el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva en contra de los acusados. Sin embargo, por llegar a un acuerdo de cooperación con el efectivo policial, el órgano persecutor pide arresto domiciliario, como medida coercitiva.
En el expediente el Ministerio público dice que la red eliminó alrededor de 8,000 registros penales de la Procuraduría a cambio de sobornos.
Ayer la procuradora adjunta dijo que los beneficiarios de la práctica ilícita rondan las 16,958 personas a las que les fueron borradas las fichas de la base de datos de la institución.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional continuará hoy con el conocimiento de la medida de coerción.
