El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Luis Borges, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción en contra de los directivos de la Corporación Rona, Luis Felipe Romero Navarro y Juan Felipe Romero Navarro, acusados de fraude bancario y lavado de activos.Además ordenó presentación periódica e impedimento de salida a Katia Indira Romero Suárez e Ingrid Joa Peña y declaró el caso complejo.
En la solicitud de medida de coerción, la Fiscalía del Distrito Nacional señala que esta empresa, creada en 1985, comenzó a presentar irregularidades en su desempeño, arrojando indicadores de preocupación para la Superintendencia de Bancos, órgano que tiene como misión velar por garantizar la buena reputación y solidez del sistema bancario.
Frente a esto, la Superintendencia de Bancos realizó inspecciones desde al año 2013 y encontró algunas irregularidades como falta de gestión, falta de políticas de procedimiento, registros inadecuados de operaciones en la cuenta por recibir, deficiencias en la instrumentación de préstamos y ausencia de mecanismos para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El abogado de 21 querellantes, José Amadeo Peralta, explicó que sus representados fueron afectados con aproximadamente 50 millones de pesos, de un fraude estimado en 158 millones de pesos, a través del otorgamiento de 310 préstamos fraudulentos.
“Esta era una corporación que se dedicaba a actividades delictivas, porque no solamente fabricaba préstamos fraudulentos, sino que no registraba ni reportaba a la Superintendencia de Bancos, aproximadamente 32 millones de pesos en captaciones de depósitos”, expresó.
Señaló que entre los querellantes se encuentran personas, cuyos depósitos no aparecen en los libros y en los registros de la empresa ni de la Superintendencia, por lo que aparentemente perdieron todo su dinero. “En este caso hay violaciones profundas a la Ley Monetaria y Financiera”, señaló.
