Profamilia y un conjunto de 41 organizaciones feministas abogaron ayer por la modificación del Código Penal dominicano a fin de que se despenalice la interrupción del embarazo por causales.
Según las organizaciones, varias encuestas como la Gallup de 2019, demuestran que más del 60 por ciento de la población dominicana está de acuerdo con la regulación del acceso al aborto en el país y todos los órganos de garantía de derechos humanos han calificado la penalización absoluta como un acto de violencia, crueldad y tortura.
Afirman que los candidatos y candidatas que muestran compromisos con la defensa de los derechos de las mujeres, la no discriminación y la inclusión social están recibiendo ataques permanentes y el acoso de diversas iglesias.
En ese sentido, hicieron un llamado a la Junta Central Electoral (JCE) para que tome medidas contra los sectores que promueven la violación de derechos fundamentales e interfieren en el derecho de elegir y ser elegido de quienes defienden los derechos de las mujeres.
Se promueve agenda anti-derechos
Deploran que en el contexto actual se promueva una “agenda conservadora anti-derechos” que busca invisibilizar a las mujeres y sus necesidades, y mantener la discriminación y subordinación.
“En cada proceso electoral sectores conservadores intentan canjear los derechos de las mujeres con promesas de votos a favor de las candidatas o candidatos que se presten a tal maniobra. Rechazamos enérgicamente que actuales legisladores y algunos aspirantes al Congreso apoyen mensajes y firmen acuerdos que violan los derechos fundamentales de las mujeres a la vida y la salud”.
En ese sentido, advierten que en momentos en que el país se aboca a elegir a sus representantes al Congreso y a la Presidencia de la República la ciudadanía tiene el poder de votar por personas que protejan y defiendan el derecho a la vida y a la salud de las tantas mujeres, adolescentes y niñas que se enfrentan a estas dramáticas situaciones.
Afirman que la incoherencia y la negación de derechos no pueden ser la vía para intentar llegar a una posición electiva o mantenerla. “Es injusto e inhumano”, sostienen.
“Congresistas y aspirantes, su función es legislar para toda la sociedad, independientemente de la orientación política o religiosa, así como representar a sus electores bajo el mandato constitucional de igualdad y no discriminación”, advierten las organizaciones en un documento al ue tuvo acceso elCaribe.
Deploran que la interrupción del embarazo siga estando criminalizada y completamente prohibida en el país, aun cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto, o cuando el feto es inviable.
Pandemia afecta salud sexual
De igual manera, muestran preocupación de que la respuesta del Estado para enfrentar la pandemia de coronavirus, implique que los recursos ya limitados para los servicios de salud sexual y reproductiva puedan desviarse con el propósito de hacer frente al brote.
Destaca que esta situación se traduciría en “un aumento en la mortalidad materna y […] un incremento en las necesidades insatisfechas de planificación familiar”, tal como señala el informe técnico COVID-19: Un Enfoque de Género, realizado por el UNFPA (2020).
Insiste en que un aumento de embarazos no deseados en el contexto actual de penalización total del aborto obligaría a muchas mujeres que carecen de recursos económicos a recurrir a abortos clandestinos en condiciones inseguras. “Arribamos a estas elecciones del 5 de julio en medio de una pandemia, donde las mujeres serán las más golpeadas por el desempleo, los bajos salarios, el cuidado de personas enfermas, las nuevas responsabilidades domésticas, la violencia de género y la falta de acceso a servicios seguros de salud reproductiva”, dice el documento.
Piden engavetar el oportunismo político
Las organizaciones afirman que en cada contexto electoral se produce una amenaza de retrocesos en los derechos humanos de las mujeres, en detrimento de la seguridad jurídica. “Escúchenlo bien legisladores y aspirantes, engaveten el oportunismo político en contra de las mujeres. Estamos atentas y vigilantes. Tenemos derecho a la vida y a la salud, y no nos rendiremos ni retrocederemos por más que quieran intimidar o engañar”, afirmaron. Entre las organizaciones firmantes están el Foro Feminista Magaly Pineda ,la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, (Conamuca), el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y el Instituto de Estudios Género y Familia (IGEF-UASD). También el Centro de Estudios de Género, (CEG), la Alianza Cristiana Dominicana, (ACRD), el Círculo de Mujeres con Discapacidad, (Cimudis), la Asociación Nacional de Enfermería, (Asonaen) , el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana, el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, entre otras.
