PC aboga que se limite el tiempo de la campaña para reducir el gasto en actividades proselitistas
El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, afirmó que el país tiene importantes retos en materia electoral, judicial y de transparencia institucional en la actual coyuntura, entre los que figuran la elaboración y aplicación de los cuatro reglamentos de la recién aprobada Ley de Partidos Políticos, la elección de jueces apolíticos en las Altas Cortes y el rompimiento del blindaje institucional que, asegura, ha garantizado la impunidad en sonados casos de corrupción.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de PC con respecto a la Ley de Partidos?
La ley tiene elementos importantes que debemos garantizar su aplicación y algunas debilidades que, con los cuatro reglamentos que debe formular y aprobar la Junta Central Electoral (JCE), se pueden evitar distorsiones. Con respecto al primer reglamento sobre las primarias, nosotros enviamos a la JCE nuestras observaciones y recomendaciones que esperamos que se tengan en cuenta, y tienen que ver con garantizar verdaderamente el control del tiempo de la pre campaña y de la campaña, y estamos objetando una figura que no está en la ley, pero que se incluye en el reglamento, que es como una precampaña de la pre campaña, que si se aprueba así, sin lugar a dudas, ampliará el tiempo de la campaña, de la pre campaña, y de la pre- precampaña. Si esto pasa, obviamente, no vamos a lograr controlar el gasto del dinero en la política, y en ese sentido, el reglamento que presentó la Junta tiene que precisar y mejorar lo relacionado con los topes del gasto, porque si bien es cierto que la ley habla de un tope de alrededor de RD$500 millones para los candidatos, y si se acepta que sería el mismo tope también para los precandidatos, estamos hablando de más de RD$1,000 millones de pesos. La esencia de la Ley de Partidos es garantizar reducir los gastos y para eso hay que reducir los tiempos de campaña.
¿Qué otros aspectos deben ser mejorados de la ley?
Hay mejoras que perfectamente se pueden hacer y Participación Ciudadana está en la mejor disposición de reunirse con los técnicos de la JCE para discutir todos estos elementos, y redactar un reglamento que pueda garantizar principios fundamentales. Hay otros tres reglamentos pendientes: uno para regular la publicidad en la campaña, el de registro de los contribuyentes, el que fortalecería todo lo relacionado con el financiamiento de los partidos y además avanzar en la implementación de las unidades que la ley manda, como la de análisis financiero de los partidos, o sea, nosotros estamos apostando a que cada vez se puedan robustecer las capacidades de la JCE para la fiscalización de los recursos públicos.
Varios aspirantes a precandidaturas presidenciales han estado realizando actividades proselitistas, en violación a la legislación. ¿Qué opinión le merece esta situación?
Todas las actividades proselitistas de los distintos actores políticos están en el marco de la ilegalidad. Primero, violan la resolución emitida por la JCE antes de la aprobación de la ley y después, la ley es muy clara, establece que no puede haber actividades proselitistas hasta tanto la JCE no dé apertura oficial al proceso de pre campaña en junio del año 2019.
¿Cómo evalúa los preparativos para el próximo proceso electoral?
Nuestra mayor preocupación en los actuales momentos es que estamos a quince meses del proceso electoral venidero y la JCE tiene distintas responsabilidades y retos por delante. Primero, elaborar todos estos reglamentos; segundo, lamentablemente en la ley quedó que la JCE va a organizar las primarias de los partidos que así lo decidan, lo cual no es una función sencilla, y además de eso, tiene que ir preparándose para las elecciones municipales de febrero mientras se va preparando para las elecciones de mayo. Nosotros felicitamos que la JCE presentara la semana pasada el calendario electoral, pero no hay dudas que los tiempos son muy ajustados. Estamos hablando que en quince meses habrá elecciones, y la JCE no puede perder tiempo, tiene que avanzar lo más posible. Las organizaciones partidarias y sociales tenemos que apoyarla para que pueda cumplir con sus responsabilidades y así evitar traumas de cualquier tipo a la democracia.
PC solicitó la documentación del caso Odebrecht. ¿Qué ha hallado?
Como hemos hecho con otros casos, como el fraude bancario, el caso de Félix Bautista y otros que por su impacto social, por el deterioro que generaron en la institucionalidad y el monto involucrado son de alta relevancia para el país, solicitamos todos los escritos de defensa y la documentación que se ha presentado a lo largo de este proceso que nos facilite hacer un análisis. Esa información ya la retiramos y en las próximas semanas vamos a estar informando al país los hallazgos iniciales y, sobre todo, generando información para que la ciudadanía sepa en qué momento se encuentra el juicio preliminar, cuál es la imputación a cada uno de los involucrados, cuáles son los testigos que se han citado y quién lo ha citado, cuáles son las imputaciones que se han sacado y cuáles son los incidentes presentados. Lo que queremos es mantener activo el compromiso para que este caso no quede impune, que todo aquel que tenga responsabilidad penal y que se demuestre con pruebas veraces y contundentes, sea sancionado de acuerdo a lo que establece el Código Penal y otras normativas.
¿Qué expectativas tienen con respecto a la elección de los jueces de las Altas Cortes?
Uno de los grandes retos que tiene la sociedad dominicana es tener un Poder Judicial independiente del poder político y económico. Necesitamos un Poder Judicial con la entereza de poder juzgar los casos de corrupción, los casos de crimen organizado, de delito de cuello blanco sin ningún tipo de atadura y, para eso, obviamente, es necesario que los jueces que van a integrar la Suprema Corte de Justicia, y el Tribunal Constitucional sean jueces de probada solvencia, independencia, integridad, y sobre todo, lo más importante, es que sean jueces que estén en la meritocracia, que vengan de la carrera de la judicatura. Sabemos que hay un mal de origen luego de la reforma constitucional del año 2010, en la cual se garantizó una composición y unos mecanismos de decisión en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el cual el PLD tiene un control absoluto que le ha permitido capturar el Poder Judicial. Estamos convencidos de que en los actuales momentos la sociedad debe estar vigilante y realizar las acciones que sean necesarias para que se puedan despolitizar las Altas Cortes y para eso esperamos tener un papel muy activo para promover principios fundamentales en la selección de esos jueces. El contexto social y político del país y la demostración que ha hecho el pueblo de que quiere vivir en una sociedad libre de impunidad son elementos que alimentan y fortalecen nuestro espíritu y nuestra esperanza de que tenemos que lograr que las Altas Cortes funcionen con independencia política.
Independencia
La sociedad debe estar vigilante y realizar las acciones que sean necesarias para que se puedan despolitizar las Altas Cortes”.
Ilegalidad
La ley es muy clara, no puede haber actividades proselitistas hasta tanto la JCE no dé apertura oficial al proceso de pre campaña en junio del 2019”.
