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Santiago- La Coalición de Organizaciones Sociales, Populares y Feministas del Cibao, conocida como Coalición del Cibao, manifestó su rechazo a la reforma fiscal y a la aprobación del nuevo Código Penal.
Durante una rueda de prensa, en el local de los choferes, los voceros de la colación rechazan la reforma fiscal que, según ellos, solo beneficia a las grandes empresas y a la clase política privilegiada, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas y de la población en general.
Califica el nuevo código como un significativo retroceso para la sociedad dominicana.
Advierte que ante los constantes reclamos de la población y las promesas incumplidas por parte de los funcionarios gubernamentales, están organizando grandes jornadas de lucha y movilizaciones en la región Norte y a nivel nacional.
Los integrantes de la coalición expresan que las disposiciones incluidas en el proyecto representan una regresión en el marco jurídico que protege los derechos fundamentales de las poblaciones marginalizadas y excluidas.
Entre las preocupaciones señaladas se encuentran: la limitación de la prescripción de sanciones por corrupción administrativa a 20 años, lo cual, según la coalición, promueve la corrupción y afecta negativamente el desarrollo social y económico del país.
Asimismo, critica la exoneración de responsabilidad penal al Estado en acciones punibles y a las iglesias, la desprotección a niños, niñas y adolescentes, permitiendo el maltrato bajo la excusa de corrección.
También rechaza la creación de una justicia especial para militares y la protección de la discriminación, la exclusión de las tres causales para el aborto, limitando los derechos de las mujeres y condicionando decisiones que deberían ser propias.
Raquel Rivera, en representación de las entidades feministas, llama a defender el agua, preservar el medioambiente y oponerse a la explotación minera.
La Coalición de Organizaciones Sociales, Populares y Feministas del Cibao se opuso a los desalojos abusivos en diferentes provincias y a nivel nacional.
También llama a que sean atendidas las demandas de las comunidades por servicios básicos como agua potable, mejor atención en salud, seguridad ciudadana, y contra el aumento de tarifas de servicios básicos y productos de la canasta familiar.
