Las informaciones que llegan del exterior sobre Odebrecht le complican al Gobierno la capacidad de maniobra para despejar la presión por el tema de la corrupción. El Gobierno del presidente Danilo Medina ha tenido que enfrentar diversas situaciones de crisis que le han generado presión casi permanente desde que inició su segundo mandato, especialmente relacionadas con escándalos de corrupción y que incluso han opacado ante la opinión pública iniciativas de gran impacto social como el proyecto Domingo Savio. La situación ha obligado al Gobierno del presidente Medina a mantenerse a la defensiva.
La reacción del Gobierno ante los hechos ha sido dar repuestas rápidas como ocurrió con el desmentido que hizo el gobernante cuando se difundió la información a través de medios de comunicación de Brasil de que varios países habrían recibido recursos de Odebrecht a través del publicista Joao Santana para financiar campañas electorales, incluida la República Dominicana.
Además del escándalo de corrupción internacional, se han destapado otros casos de mal manejo de los recursos públicos como la venta de los Tres Brazos por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), la muerte de tres personas en San Pedro de Macorís fue el desenlace de la venta irregular de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar y más recientemente, se han denunciado irregularidades en la nueva administración de Procompetencia.
Las respuestas del Gobierno, ante esas situaciones de crisis han sido la creación de una comisión para que investigue la licitación de las plantas a carbón que construye el Gobierno en Punta Catalina y una defensa férrea del presidente Medina y su Gobierno sobre las bondades de esas plantas para resolver el problema eléctrico. Disolvió a Corde, destituyó al director del CEA y mandó el caso a la justicia.
El rechazo del juez José Alejandro Vargas al acuerdo de la Procuraduría con los ejecutivos de Odebrecht, fue un gran revés para la imagen del Gobierno, sobre todo porque fueron los aspectos que el presidente Medina resaltó en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. En su alocución, el gobernante señaló que el Ministerio Público debe tomarse el tiempo suficiente para poder elaborar expedientes fuertes y sustentables.
Sin embargo, para el sociólogo César Cuello, las respuestas del Gobierno no han sido suficientes para saciar las exigencias de justicia que tiene la población y que se ha manifestado a través del movimiento “fin de la impunidad” o “los verdes”. Cuello consideró que si el presidente Medina no envía a la justicia a los responsables de cometer actos de corrupción, podría tener un alto costo político para su Gobierno.
“El Gobierno tiene que cuidarse porque la impunidad, la falta de medidas para detener la impunidad, puede significar un alto costo político y de manera particular para el presidente Danilo Medina porque la ciudadanía está dispuesta a seguirse rebelando si no atiende los reclamos porque se está viendo que en otros países se están dando respuestas, pero que aquí no hay un solo señalado por el Gobierno”, advirtió.
Los imponderables, el gran problema
El mayor problema que enfrenta el Gobierno son las situaciones imponderables que se han presentado producto de las informaciones que vienen desde el exterior, en especial de Brasil, sobre las declaraciones de los delatores de Odebrecht y sobre las que las autoridades dominicanas no tienen control. Esta misma semana los delatores de la constructora en ese país involucraron más de 300 políticos en el entramado de corrupción.
En el país, para el próximo miércoles el movimiento verde convocó otra manifestación en Santiago para todas las provincias del Cibao para exigir que los actos de corrupción no queden impune. Otra manifestación similar se desarrolló en Puerto Plata, mientras que la denominada “llama verde” sigue recorriendo las distintas provincias.
Declaraciones enlodaron a todo el PLD
La última comidilla sobre el escándalo de corrupción vinculado a Odebrecht, la aportó el miembro del Comité Político del partido de Gobierno, Felucho Jiménez, que dijo que en el Comité Político se discutió una supuesta sobrevaluación en una de las obras y que ese organismo rechazó las objeciones. Con esa información, Jiménez de alguna manera vincula a todos los miembros del máximo órgano de dirección del PLD con el escándalo.
Punto muerto
Acuerdo El acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría está en el limbo luego que el juez Vargas lo declaró inadmisible.
