Tras 108 días de presión creciente del movimiento “fin de la impunidad” contra el gobierno del presidente Danilo Medina sin que el oficialismo lograra asestar acciones contundentes para bajar la beligerancia opositora, el panorama empezó a cambiar esta semana tras las declaraciones de la publicista Mónica Moura de que la campaña del gobernante no fue financiada por Odebrecht y con la homologación del acuerdo entre la Procuraduría y la constructora que hizo el pasado miércoles el juez Danilo Amador Quevedo, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
De hecho, el Gobierno a través del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había dicho que se mantendría a la espera de que “salga la verdad” desde Brasil, sobre las informaciones que se publicaban en medios de ese país sobre el supuesto financiamiento de la constructora a la campaña del presidente Medina.
El pasado martes, Mónica Moura dijo que ni en la República Dominicana ni en Argentina Odebrecht aportó recursos para las campañas electorales que dirigió junto a su esposo, Joao Santana. La versión de la publicista fue difundida en medios de comunicación a nivel internacional y en un audio del interrogatorio.
Con el acuerdo aprobado y las declaraciones de Moura, el Gobierno le quita argumentos a los gestores del movimiento “fin de la impunidad” que a pesar de eso sigue en pie para una nueva marcha, esta vez en San Francisco de Macorís.
La campaña “fin de la impunidad” inició el Día de Año Nuevo, es decir, el primero de enero, por las redes sociales, aunque su primera gran manifestación fue la marcha del 22 de ese mismo mes.
En menos de cuatro meses el Gobierno enfrentó tres grandes protestas del movimiento verde, una en la capital, la segunda en Puerto Plata y la tercera en Santiago. También acciones como la firma del “libro verde” y la “llama verde” que recorrió el país.
El 20 de enero pasado la Procuraduría anunció que arribó a un acuerdo con la constructora, pero ese convenio fue rechazado en marzo por el juez José Alejandro Vargas. Eso representó un revés para el Gobierno.
Ahora, tras la homologación de un nuevo acuerdo bajo la figura “del criterio de oportunidad”, la Procuraduría ha anunciado que a más tardar el 19 de mayo conocerá los nombres de los funcionarios de este Gobierno y de las pasadas administraciones que recibieron dinero de la constructora a cambio de facilitarle proyectos.
Gobierno gana batalla en las redes
El audio difundido por el Gobierno con las declaraciones de Moura negando que la campaña del presidente Medina recibiera dinero, fue de lo más visto en las redes desde la tarde del martes hasta ayer.
Las redes sociales, especialmente Twitter, es una de las grandes desventajas del Gobierno frente a los que lo atacan, sin embargo, con las declaraciones de Mónica Moura llevó ventajas.
Según un análisis del especialista de redes Pavel De Camps, la etiqueta #MonicaMoura, se generó en Brasil y se convirtió en una súper tendencia en el país. Sin embargo, ese mismo día se generó una tendencia con la etiqueta #laverdaddeOdebrech, y según de Camps se hizo tendencia con el uso de robots.
Debate ley de partidos relega Odebrecht de opinión pública
La pugna entre la oposición y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la ley de partidos ha relegado el tema de Odebrecht en la opinión pública y de alguna manera ha alterado la agenda de la oposición que ahora en lugar de mantener vivo el caso relacionado a la constructora, se ocupa de pedir un diálogo fuera del Congreso para consensuar la ley de partidos y agrupaciones políticas.
Está pendiente el informe de la Comisión de Punta Catalina
Del caso Odebrecht uno de los elementos más importantes que están pendientes y que tendrá un impacto capital a favor o en contra del Gobierno, es el informe que debe presentar la comisión que designó el presidente Danilo Medina para que investigue el proceso de licitación de las plantas a carbón que construye en Punta Catalina.
La comisión la preside monseñor Agripino Núñez Collado, y la integran además, el pastor Jorge Alberto Reynoso; Pedro Brache, presidente del Conep; José Luis Corripio Estrada, empresario; Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia.
También Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE, y Jaime Aristide Escuder.
Silencio, salidas rápidas y respeto
En casi cuatro meses de presión permanente por el caso de Odebrecht, el presidente Danilo Medina solo se ha referido en dos ocasiones al tema. El 27 de febrero durante su discurso de rendición de cuentas, se declaró aliado de la lucha contra la impunidad y prometió expedientes bien elaborados para que los acusados puedan ser debidamente procesados en la Justicia.
Luego, a raíz de la información de que supuestamente Odebrecht habría financiado su campaña electoral, salió de inmediato al frente para negarlo e incluso retó a que le demuestren que habría recibido ese dinero. “Hay mucha gente que está desesperada, pero la verdad va a salir. Yo sé que hay mucha gente que quiere verme nadar en el lodo, pero que esperen las investigaciones que van a concluir y dirán la verdad; que esperen”, declaró Medina el 8 de marzo en el Palacio Nacional ante preguntas de los periodistas.
