Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo afirmó este martes que son transparentes los contratos para adquirir vacunas de diferentes farmacéuticas para combatir el Covid-19 y garantizar la salud y la vida de los dominicanos.
“Como Gobierno tenemos el deber legal y la obligación moral de garantizar la salud y la vida de la gente, para lo cual haremos cuanto la Constitución y las leyes nos permitan”, afirmó el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Peralta aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para preservar el derecho fundamental de todos los dominicanos de vivir en salud.
El funcionario ofreció la declaración en una rueda de prensa junto a los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Salud Pública, Daniel Rivera y la directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia, Milagros Germán.
Peralta explicó que el Estado dominicano inició negociaciones con Pfizer a finales del año 2020, cuando su vacuna todavía estaba en desarrollo, proceso durante el cual se acordó celebrar con la farmacéutica dos contratos sucesivos: uno preliminar, que establecería los términos generales de contratación; y otro definitivo, a partir del cual se comenzaría a ejecutar tanto el pago como la recepción de la vacuna.
Sostuvo que debido al tipo de obligaciones asumidas por el Estado, ambos contratos fueron remitidos al Congreso Nacional: el primero, denominado Pliego de Condiciones Vinculante, fue aprobado mediante la resolución núm. 9-21, del 29 de enero de 2021; y el segundo, denominado Contrato de Fabricación y Suministro, fue aprobado mediante la resolución núm. 116-21, promulgada por el presidente de la República el día de hoy, 18 de mayo de 2021.
“Habiéndose agotado finalmente el proceso de suscripción y aprobación congresual del contrato definitivo con Pfizer, es a partir de este momento que se comenzará a ejecutar tanto el pago como la recepción de esta vacuna. Este último contrato reemplaza íntegramente al primero, del cual recoge los términos ya suscritos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Poder Legislativo a inicios de este año, con la salvedad de que en esta ocasión se aumentó de 7.9 a 9.9 millones el número de dosis contratadas, cuya contraprestación total también aumentó de 95.9 a 119.9 millones de dólares”, indicó el Consultor Jurídico al leer el documento.
Respecto a la incertidumbre mundial que rodea a la fabricación y disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19, afirma que es lo que ha motivado al Poder Ejecutivo a contratar la cantidad de dosis de tantas farmacéuticas como sea posible.
“Estando nosotros conscientes de la gran inequidad existente en la mayoría de estas transacciones. Pero más nos ha importado la vida de los dominicanos que las circunstancias inevitables de estas contrataciones”, sostuvo.
En el documento se precisa que el pueblo dominicano tiene el derecho a saber que la adquisición de vacunas en una pandemia que como esta, golpea a todo el mundo, obligó al Gobierno a perseguir la obtención de vacunas en las condiciones dadas por los proveedores, “no solo a nosotros, sino a la generalidad de las naciones”.
“El Poder Ejecutivo reconoce el derecho de la población a enterarse y cuestionar las particularidades de las contrataciones públicas, de conformidad con la ley; por esta razón y por el sentido de transparencia que debe caracterizar a la Administración pública, reiteramos estos detalles, que ya han sido hechos públicos, al tiempo que asumimos las críticas que puedan surgir dentro del marco del respeto, sin violación de la ley y con conocimiento de causa”, sostiene el documento leído por Peralta.
Manifestó Peralta a través del documento que es gracias a estos esfuerzos colectivos entre el Legislativo y el Ejecutivo, la ciudadanía y una serie de empresarios que se han unido esfuerzos para aportar sumas considerables de dinero.
“Así como gracias al riesgo que como Estado hemos asumido, que hoy en día la República Dominicana se encuentra en una posición privilegiada, no solo dentro de los países de la región sino también a nivel global, de cara a la efectiva implementación del Plan Nacional de Vacunación y, en consecuencia, a la protección de su población”, agregó.
