Ejecutivos de diez gimnasios y centros de deportes del país afirmaron ayer que han realizado cuantiosas inversiones para adecuar sus operaciones y fortalecer las normas de distanciamiento físico e higiene, sin que hasta el momento hayan podido dialogar con las autoridades.
Mediante un comunicado de prensa conjunto, el colectivo que ha sido afectado por el cierre de sus instalaciones desde hace cuatro meses, manifestó su intención de colaborar con las autoridades n en la prevención y control del COVID-19, alegando que está comprobado que la actividad física regular contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, a prevenir condiciones de alto riesgo ante la enfermedad, como son la hipertensión, obesidad, diabetes, entre otras, y a disminuir el nivel de estrés ocasionado por la pandemia.
Señalan que el cierre de sus operaciones ha ocasionado un efecto financiero y laboral devastador para el sector, sin contar con medidas de protección fiscal ni acceso a condiciones especiales de financiamiento.
“Hoy, nos enfrentamos a una nueva decisión de cierre por parte de las autoridades sin horizonte de tiempo definido, lo que nos coloca en una situación mucho más dramática e insostenible, que pone en riesgo el trabajo de miles de personas”, plantean.
Ante estas circunstancias, pidieron a la Comisión de Alto Nivel definir un protocolo formal de requisitos para la operación de gimnasios y centros de deportes y bienestar según su tipo, con la participación de expertos del área.
Asímismo, poner en marcha un proceso de inspección y auditoría que evalúe las instalaciones físicas y modelos operativos de cada empresa, permitiendo operar a aquellos que cumplan con los requisitos de distanciamiento, ventilación – climatización e higiene necesarios para ofrecer seguridad a sus clientes.
