El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) denunció que el Tribunal Superior Electoral (TSE) pretende anular por completo las facultades administrativas de la Junta Central Electoral (JCE).El Fopppredom, que agrupa a 21 de los 26 partidos reconocidos, entiende que desde la votación de la sentencia TC-0305-14 del 22 de diciembre de 2015 las competencias de la JCE no solamente quedaron absolutamente aclaradas, sino que además, en términos de precedente constitucional, ha quedado establecido como mandato para todos los poderes públicos el estatus constitucional de la entidad.
Dicha sentencia estableció que la Constitución de 2010 impide que las competencias fundamentales del órgano electoral puedan ser limitadas irrazonablemente por el órgano legislativo, y menos aún subordinarlas o someterlas a la supervigilancia o control de organismos dependientes del Poder Ejecutivo, ya que esto implicaría eliminar la jerarquía que le corresponde como órgano fundamental del Estado y desconocer la autonomía constitucional de la que se encuentra revestida.
Los partidos consideraron que se ha creado una falsa discrepancia de competencia que presagia graves problemas para la democracia dominicana, porque tiene todo el potencial de afectar otras decisiones, de otra naturaleza, de la JCE.
“Este TSE debe ser relevado y cambiado en la primera oportunidad, y el valor de los precedentes constitucionales y la justicia constitucional reforzada, expandida y respetada. Persistir en crear conflictos inexistentes, más que un absurdo es jugar con fuego y llamar al desorden y a la desobediencia”, expresó el Foro a través de un comunicado.
Expusieron que otras decisiones del TC refuerzan el papel y atribuciones de la JCE, determinando el rol administrativo que debe jugar.
“Confeccionar la boleta y decidir el orden de los partidos es un asunto netamente administrativo, que compete, a todas luces, a la JCE”, estableció el Foro al tiempo que recordó, que “en el ejercicio de sus facultades, la JCE llamó a todos los partidos, escuchó sus pareceres, y decidió establecer el orden de los partidos, a fin de dar formato a la boleta electoral”.
Conflicto de competencias
Sin embargo, el abogado constitucionalista doctor Ricardo Rojas León consideró que las decisiones administrativas que adopta la Junta Central Electoral (JCE), en el estado actual de la legislación dominicana, deben ser recurridas ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Recordó que recientes sentencias del TSE revocando decisiones de la JCE han generado conflictos de competencia entre esos entes públicos que han sido sometidos al Tribunal Constitucional.
“No obstante, creo que la nueva ley electoral debe atribuir una exclusiva competencia al Tribunal Superior Electoral para que conozca de las impugnaciones a los actos electorales que adopte la Junta Central Electoral, o sea, de aquellos que tienen que ver con la organización del proceso electoral”, dijo al abogado.
Rojas León indicó que el TSA únicamente debería ser competente para conocer de las impugnaciones a actos administrativos dictados por la JCE que no tienen la característica de acto electoral.
“Carece de sentido tener un Tribunal Superior Electoral que no pueda revisar los actos de contenido electoral del órgano encargado de organizar las elecciones, pues someter a la jurisdicción contencioso administrativa ordinaria esos actos, además de implicar que sus jueces deberán especializarse en materia electoral, se conspiraría contra la economía procesal, pues el trecho hacia una decisión definitiva es mucho más largo, y la materia electoral casi siempre es urgente”, dijo el abogado especializado en derecho constitucional.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió el pasado jueves que los conflictos de competencia entre el TSE y la JCE pueden afectar la calidad de la democracia por lo que sugiere legislar para evitar choques futuros entre los organismos electorales. La preocupación de la entidad fue expresada ante la decisión de la corte electoral que echó para atrás una decisión de la JCE sobre el orden de los partidos en la boleta electoral y la distribución de los recursos que reciben las organizaciones políticas.
La entidad consideró que hay que velar porque esas normativas se ajusten al modelo constitucional vigente con lo que se evitaría que el choque entre esos órganos pueda trasladarse a otras materias “donde estos conflictos de competencia son decisivos en la calidad de la democracia”.
Dice que sentencia es “aviso” para legisladores
El presidente de la Comisión permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor D’ Aza Tineo, se mostró de acuerdo con el planteamiento de la Finjus respecto a que la nulidad de la resolución de la Junta por parte del TSE refleja un conflicto de competencia entre ambos poderes.
“Ahora que estamos en una Comisión Bicameral senadores y diputados, apoderados por la propia Junta, del conocimiento a las discusiones a las leyes electorales, hay que tomar en cuenta todos estos vacíos, ambigüedades y contradicciones y adecuar todo esto a la nueva Constitución y legislar en ese sentido”, expuso el diputado.
Consideró que la sentencia del TSE le ha dado a los legisladores un “aviso” respecto a estas ambigüedades, que pudieran mediante las leyes electorales fortalecer la institucionalidad.
