Durante la ampliación de la investigación sobre los sobornos en la compra de los aviones Super Tucano, el Ministerio Público profundizó en todas las menciones y referencias de legisladores, políticos, además de empresarios y compañías.
Sin embargo, las pesquisas no arrojaron evidencia fehaciente que comprometa la responsabilidad penal de otras personas o empresas. Esta justificación fue difundida ayer por la dirección de comunicación y prensa de ese organismo, el cual aseguró que estuvo investigando hasta el momento de depositar la acusación formal de este caso.
La comunicación también expresa que, si durante el juicio preliminar o al concluir las diligencias investigativas que esperan respuesta desde el extranjero, alguien más resulta señalado en esos ilícitos, el Código Procesal Penal permite que el Ministerio Público también le someta a la justicia en acusación separada o ampliando la que fue depositada.
La institución recordó que los acusados formalmente la semana pasada están encabezados por un exministro de las Fuerzas Armadas, el mayor general retirado Rafael Peña Antonio, y el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez.
Igualmente, que la acusación incluye a los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, junto a Ysrael Abreu Rosario y a Félix del Orbe Berroa, así como a las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
La nota indica que la investigación del caso en el país inició a comienzos del 2016 y que hasta la extensión del plazo, autorizada a mediados de 2017, solamente habían cuatro imputados, y que la ampliación permitió sumar dos nuevos inculpados y tres compañías, además de fortalecer el expediente.
