El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, entregó un documento a la Comisión Permanente de Hacienda del Senado, presidida por Milciades Franjul, en el que recomienda algunas modificaciones al proyecto de ley general de Contrataciones Públicas que cursa en esa ala del Congreso.
Castaños Guzmán considera que la reforma de la Ley 340-06 debe ir en la dirección de transformar de raíz al propio sistema de compras y contrataciones, razón por la que presentó el catálogo reformador.
Debido a que en la iniciativa sólo se establecen tres tipos penales puntuales ante una violación a la norma, que son: la violación al régimen de prohibiciones; la propuesta a un funcionario público en beneficio de particulares; y las prácticas colusorias, la Finjus recomienda incluir nuevos tipos penales.
“Somos de opinión que conforme la propia naturaleza ampliada de la materia que se trata nada impediría un estudio más profundo que permita incluir nuevos tipos penales adecuados a la realidad práctica del sistema de compras y contrataciones públicas”, indica Castaños Guzmán en el documento.
Asimismo, explica que uno de los aspectos que significarían un gran avance para el sistema de compras y contrataciones del país, está en aumentar la rigidez y fuerza sancionatoria con que se trate a los sujetos obligados por la pieza.
Otras recomendaciones
Otras recomendaciones van dirigidas al artículo 17, sobre los oferentes extranjeros; el 21, que propone modificación o eliminación de este; en los artículos 136 y 137, sugiere la obligatoriedad de aplicación y observación de las condiciones previstas allí en las bases de la contratación, entre otras.
En el artículo 17 del proyecto de ley, que trata sobre los oferentes extranjeros, la Fundación Institucionalidad y Justicia sugiere la inclusión en detalle de los procedimientos que para que resulten verdaderamente competitivos y favorables al desarrollo local y nacional excluyan expresamente la presentación de oferentes extranjeros, excepto en los casos en que se trate del cumplimiento de convenios o acuerdos internacionales.
Otra recomendación del organismo cívico fue una ampliación del articulado referente a la contratación pública estratégica.
