La JCE calla ante revuelo por medida; equipo de Leonel mantiene convocatoria para acto masivo
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que la resolución de la Junta Central Electoral, que ordena a los precandidatos presidenciales la suspensión de actividades políticas, debe ser comprendida como una oportunidad para garantizar una competencia político-electoral en condiciones de igualdad, como base del sistema democrático.
La Finjus llamó a los actores políticos a que la valoren como una oportunidad de iniciar el proceso de regularización de la actividad proselitista y electoral por parte de la JCE. “Su acatamiento puede ayudar a que iniciemos una nueva etapa, caracterizada por la acción responsable de un órgano como la JCE que fue ampliamente criticado en el pasado por su inacción o falta de razonabilidad de sus actuaciones”.
“La sociedad dominicana está muy preocupada por los aprestos proselitistas de numerosos precandidatos en un período muy prematuro y faltando prácticamente dos años para la celebración de la próxima contienda electoral. Este activismo dañará irremediablemente el ambiente de convivencia pacífica y tranquilidad que requiere la sociedad para el logro de sus objetivos y el desarrollo de sus actividades”, señala la institución.
Estimó que dicha situación podría poner en grave peligro la equidad que debe caracterizar el proceso electoral en tanto el órgano regulador no ha procedido a trazar las reglas del proceso.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo que la decisión de la Junta, adoptada en la resolución 12-2018, se apoya en el marco de las atribuciones reglamentarias establecidas en el artículo 6 de la Ley Electoral 275-97.
“Es evidente que la resolución de la JCE disminuye los plazos para el ejercicio de determinados derechos políticos, los cuales no son ajenos a su alcance orgánico, pero lo realiza en el marco de incrementar la eficiencia del ejercicio del derecho del sufragio, tal como ordena la Ley 275-97. La resolución parece constituirse en un asunto que transversalmente garantiza las condiciones de igualdad que deben primar en cualquier sistema democrático”, reza el comunicado.
Derechos limitados por la Junta
Uno de los aspectos de la resolución que concitó el rechazo en términos jurídicos por parte del expresidente Leonel Fernández; el expresidente de la Junta, Roberto Rosario y el prencandidato Reinaldo Pared Pérez, fue la prohibición de reuniones, lo que a su entender representa una violación a la libertad de reunión.
En ese sentido, respecto si la JCE está facultada para dictar este tipo de resolución, la Finjus refirió a la doctrina comparada y la jurisprudencia internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en el 2008 expresó que los derechos políticos no son absolutos, por lo que pueden estar sujetos a limitaciones, siempre que dicha reglamentación observe “los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.
“Concordamos con la CIDH en el sentido de que es importante que exista una equitativa representación de los partidos políticos, y con ello de los necesarios controles institucionales que permiten garantizar la pureza de los actos electorales, así como también, que ofrezca garantías de una actuación imparcial”, sostiene el comunicado
Sector Leonel mantiene en pie acto para presentar un millón firmas
El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y cercano colaborador de Leonel Fernández, Bautista Rojas Gómez, sostuvo que el equipo político de Fernández seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora para garantizar su candidatura. Aseguró que no han hecho convocatorias a actividades masivas y que son las denominadas “visitas solidarias” que el expresidente realiza a sus compañeros de partido las que atraen la cantidad de personas que se observan en los barrios visitados por el líder político.
Dijo que mantienen la actividad programada para el 26 de agosto en el Estado Olímpico donde pretenden presentar más de un millón 200 mil firmas de personas que le pedirán al expresidente que acepte la candidatura presidencial. Cuestionado sobre la decisión de la JCE de pedir el apoyo de los organismos de seguridad para hacer valer la medida respondió: “Ellos saben que eso no es posible, saben que eso es inaplicable y que es ilegal; no es con tres mil gente que estamos luchando, son tres o cuatro millones de dominicanos que quieren que Leonel vuelva a ser presidente y cómo van a controlar eso”.
Sostuvo que el equipo de Fernández lo único que hace es aplicar los métodos de trabajo del PLD al hacer esfuerzos concentrados para cumplir sus objetivos. “Cómo uno le impide a la gente que donde vea a Leonel salgan a apoyarlo con lo que quieran, bandera, gorras y con todo lo que lo que quieran”, expresó.
La JCE calla; tres de sus miembros están de viaje
La Junta Central Electoral (JCE) mantiene silencio ante el hervidero que ha generado la resolución que prohíbe actividades políticas proselitistas que ha generado cuestionamientos legales, de aplicabilidad y de procedimiento.
El presidente del órgano, Julio César Castaños Guzmán, y dos miembros titulares estarán fuera del país.
Castaños Guzmán viajó a España, mientras que los miembros titulares, Rosario Graciano de los Santos y Roberto Saladín, viajarán a México hoy para participar como observadores de las elecciones que tendrán lugar en ese país el próximo domingo.
El expresidente Leonel Fernández, uno de los primeros en cuestionar la resolución de la Junta por su base legal y las dificultades para aplicarla, también está en México como jefe de la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de los comicios mexicanos.
