Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), se pronunció a favor de la participación ciudadana para colaborar en el desarrollo de una sociedad más justa y democrática, en el marco de la XVI Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericano 2023 (EuroLat).
Texto íntegro
El avance y consolidación de las ideas y principios democráticos en todas las latitudes en los últimos 30 años significó el fortalecimiento de regímenes políticos que han tenido en común la búsqueda de la prosperidad social, con instituciones fuertes, el respeto a la libertad, la protección de la dignidad y la creación de un ambiente de seguridad jurídica para el florecimiento económico.
La Constitución Dominicana configura el Estado Social y Democrático de Derecho, y le asigna la misión de procurar el bienestar ciudadano y la protección efectiva de sus derechos fundamentales, donde los individuos sean tratados con dignidad en un marco de libertad individual y de justicia social. Lo cual significó un avance significativo con respecto a la visión tradicional e instrumentalista del Estado que predominó en gran parte de nuestra historia.
Pero el cambio más importante es la creación de nuevos mecanismos para hacer realidad la participación de la ciudadanía en los procesos políticos e institucionales del Estado, para favorecer su eficiencia y corresponsabilidad en el diseño e implementación de las políticas públicas, en el establecimiento de las prioridades en las reformas legales necesarias y de un efectivo sistema de justicia.
La participación ciudadana en los asuntos públicos legitima la democracia y requiere, como condición sine qua non, la creación de un sistema que favorezca la calidad de los procesos que sustentan una cultura política que fomenta el desarrollo humano y la gestión eficiente de los mismos.
La participación de las personas y organizaciones sociales en los asuntos públicos en un Estado Social y Democrático de Derecho significa operar bajo el entendido de que la búsqueda del bienestar y la felicidad de las comunidades está por encima de cualquier otra consideración, y alude al ‘deber ser’, según el cual todos los individuos gozan del respeto de su dignidad intrínseca y de sus derechos fundamentales.
Vivimos un momento especial que requiere reformas continuas en nuestra legislación para adecuarla a las demandas de un mundo global y complejo. Se hace necesario que tanto en el Estado como en las organizaciones sociales se promueva el debate y la discusión de ideas, buscando acuerdos consensuados y sostenibles para reforzar la institucionalidad democrática, mantener la certeza jurídica y aplicabilidad de los principios constitucionales que surjan de esas reformas legislativas.
Por eso saludamos todas las iniciativas que promueven la creación y fortalecimiento de mecanismos de participación de la ciudadanía en la definición de las diferentes agendas para el desarrollo, la ampliación de las libertades y derechos y la efectiva fiscalización de los deberes de los órganos públicos y de la sociedad en general.
En tal sentido, aprovecho la ocasión de este Encuentro para destacar que la Constitución en su artículo 203 plasma que el referendo, el plebiscito y la iniciativa normativa municipal son los mecanismos directos de participación local. No obstante, sería de mucho provecho que este mandato constitucional que data del 2010, finalmente se convierta en un conjunto de leyes y reglamentos que regulen pertinentemente dichas figuras, por lo que hago un llamado para que los proyectos de leyes elaborados con ese fin y reposan en el Congreso Nacional, sean culminados y sirvan para impulsar la necesaria coordinación y alianza entre el Estado y la sociedad y con ello fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión gubernamental en todos los niveles.
En este aspecto resaltamos la importancia de que la voluntad política de reforma y cambio que predomina en los órganos públicos se acompañe de la voluntad de diálogo y concertación, que facilita la creación de alianzas entre el Estado y la sociedad.
La gobernanza democrática requiere para su efectiva construcción de mecanismos que faciliten el empoderamiento social, que incluyan los elementos para que la participación ciudadana se dirija hacia el establecimiento de dispositivos de control sobre las acciones desarrolladas por el aparato administrativo. Para este propósito deben incentivarse múltiples y variados instrumentos (observatorios, mesas de diálogo, talleres educativos, etc.).
Saludamos todas las iniciativas que se promueven desde el Poder Legislativo para acercar a la ciudadanía a la definición de las prioridades y contenidos de su labor.
FINJUS reitera su compromiso de apoyar la labor que realizan las comisiones técnicas legislativas para fortalecer su alcance, eficiencia y sostenibilidad, en el entendido que el Estado se fortalece y legitima con la participación activa de organizaciones sociales y comunitarias la discusión y profundización de los proyectos a su cargo.
