La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) rechazó la creación de nuevos impuestos a las telecomunicaciones para la sostenibilidad, operatividad y mantenimiento, como plantea el proyecto de Ley de modificación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.En una declaración de prensa, firmada por el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostiene que la creación de nuevos impuestos en el sector de las telecomunicaciones perjudica a los usuarios nacionales al reducir el volumen de comunicaciones e incentivar el aumento de precios de las llamadas de larga distancia internacional entrante.
“La vigencia del CTI encarece las llamadas de larga distancia internacional (LDI) entrantes al país, provocando una reducción del volumen de las mismas. Esta reducción de las llamadas entrantes tiende a forzar u obligar al usuario nacional a aumentar la cantidad de llamadas de LDI desde la República Dominicana”, agregó.
La Finjus consideró prudente que, antes de establecer una nueva tasa impositiva a los servicios de Telecomunicación, el Estado realice los correspondientes estudios de costos de operación y sostenibilidad económica que conlleva el referido Sistema de Emergencias 9-1-1.
Entiende que el Estado debe cubrir en su totalidad los gastos de financiación, ya que “es contraproducente la aplicación de nuevas medidas impositivas que serán transferidas a las facturas de los usuarios”.
Considera muy preocupante lo que establece el artículo 28 del proyecto de ley, sobre el control del tráfico relativo a la infraestructura de red, equipamientos, softwares, protocolos de comunicación, interfaces o cualquier otro medio a ser instalados y operados en el 9-1-1, ya que esto podría facilitar la intervención, la escucha, la interferencia de llamadas telefónicas o violar la privacidad de las personas.
