La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que imponer límites a los gobernantes para reelegirse no viola los derechos fundamentales sino que por el contrario, es un límite para evitar la perpetuidad en el poder.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, consideró además improcedente debatir el tema cuando una nueva repostulación está prohibida en el artículo 124 de la Constitución y la Vigésima Disposición Transitoria de la Carta Magna.

“Esto no genera una suerte de afectación al primer ciudadano de la República en el marco del contenido del derecho a la igualdad, sino todo lo contrario, se trata de un obstáculo frente a la posible perpetuación en el poder y una importantísima garantía para la democracia”, señaló en un comunicado.

Consideró que el contenido constitucional no afecta los derechos de los gobernantes ni tampoco genera un marco desigual de posibilidades para el acceso al poder. “Todo lo contrario, de lo que se trata es de garantizar una verdadera alternabilidad política que permita continuar el fortalecimiento de la democracia”, argumentó Castaños Guzmán.

Por otro lado, Finjus consideró que llama “sobremanera la atención ciertos argumentos que se orientan a la posibilidad de una reelección presidencial sin necesidad de una reforma constitucional, pasando por alto la prohibición expresa que esa Ley Sustantiva contiene constituyendo esto una afrenta directa a la supremacía de la Constitución”.

La Finjus sostiene que la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho son valores esenciales de la Constitución que podrían verse seriamente afectados si se introduce una nueva vez en la opinión pública el tema de la reelección.

“Más, si se materializa a través de vías improcedentes y convenientes sólo para el poder político, no así para el orden constitucional”, subrayó. Considera que abogar de manera continua a la reforma de la Constitución evidencia la inestabilidad institucional del país, y al mismo tiempo “de manera muy peligrosa condiciona el texto constitucional y el poder reformador de la Constitución constantemente a los vaivenes políticos y, por lo tanto, la convierte en un traje a la medida de quienes ostenten el poder”.

Otros sectores que se han pronunciado en contra de una nueva reforma son la Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje), la Iglesia católica a través del arzobispo de Baní, Monseñor Víctor Masalles, Participación Ciudadana, así como el sector de Leonel Fernández en el PLD y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

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