La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), pidió al Senado de la República el estudio y ponderación urgente del Proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
A través de una carta enviada al presidente de la Cámara Alta, FINJUS contextualizó sobre el alcance de este tipo de violencia y sustentó su pedido en varias razones.
A continuación, carta íntegra de FINJUS:
violencia contra la mujer es uno de los problemas sociales más agudos en la República Dominicana. A causa de las medidas tomadas para prevenir la propagación del COVID-19, los fenómenos de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar aumentaron su incidencia a niveles exponenciales. Este tipo de violencia recoge todo acto que, con base a su género, resulte en un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Este marco no es limitativo, pues también incluye los actos de amenazas y coacción, tanto en la vida pública como en la privada.
Los entornos de las relaciones de pareja son los más propensos a su exposición, siendo así la forma más común de violencia contra la mujer. A su vez, es importante observar que, para realizar un análisis objetivo que ofrezca soluciones eficaces a este agudo problema, es necesario que abordemos interrogantes que estimulen el desarrollo de las políticas públicas en este tema; ¿Cuáles estrategias se han implementado para erradicar este flagelo? ¿Qué resultado se ha obtenido para bien y por qué? ¿Cuáles herramientas adicionales se requieren para ampliar los esfuerzos en la prevención de la violencia contra la mujer?
Las víctimas de este tipo de violencia suelen presentar perfiles en los que se perciben antecedentes traumáticos durante la niñez o haber estado expuestos a ambientes de violencia, en su seno familiar. De igual manera, desde el punto de vista psicosocial, la gravedad de la situación actual se incrementa por la incidencia de otros factores como la condición de subordinación que se deriva de patrones culturales y prácticas que limitan las acciones de las mujeres en los diversos escenarios en que se desarrolla su vida cotidiana.
Para frenar los niveles de incidencia de este flagelo es menester mejorar la coordinación entre los órganos del sistema de justicia, el sistema de salud pública y el sistema de persecución criminal. Todas estas instituciones desempeñan un papel crucial para la prevención, respuesta ante los actos señalados y sostenibilidad de las estructuras creadas.
El trabajo en conjunto de estos sistemas produce un esquema de defensa y represión que permite identificar el abuso temprano y proporcionar la atención y apoyo suficiente a las mujeres y niñas, poniendo a su disposición los servicios adecuados para garantizar el disfrute de sus libertades y la garantía de la salvaguarda de sus derechos.
Si bien el ambiente más propicio y frecuente de la violencia contra la mujer se concentra en entornos familiares o de parejas, hay otros tipos que requieren ser visibilizados, como la trata de mujeres y niñas, la prostitución, los trabajos forzados y el acoso sexual.
Con carácter de urgencia, se exige la reforma del sistema de justicia penal y la promoción y conocimiento del Proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La lucha contra la cultura de la violencia ocupa un componente fundamental para erradicar las prácticas tradicionales que dan respaldo y ponen en peligro la autonomía, seguridad y libertad de las mujeres y niñas y de paso impiden su participación plena en la sociedad.
Dada la importancia que posee la atención y lucha contra la grave problemática de la violencia contra la mujer, es propicio trabajar y fortalecer la mencionada iniciativa con un conjunto de mecanismos que se enmarquen en tres pilares de actuación: prevención, protección y provisión de servicios.
Desde FINJUS, manifestamos nuestro alto interés en que se conozca y debata el citado proyecto legislativo y que se pondere, como áreas prioritarias para la prevención de la violencia contra la mujer, los siguientes aspectos:
- Alcance, calidad y difusión de la protección otorgada.
- Mecanismos de denuncias competentes y ágiles.
- Órganos de justicia interrelacionados en sus labores de prevención y erradicación.
- Canales de respuesta funcionales.
- Garantías procesales concretas para promover el efectivo goce y disfrute de los derechos.
- Labor jurisdiccional: evitar que sea cara, poco accesible y con mora judicial.
- Evaluar elementos de vulnerabilidad, destacando así la protección reforzada a las niñas, encontrándose estas en una dimensión más delicada.
Finalmente, es esencial que se construya un ambiente seguro para el libre goce y disfrute de los derechos a las mujeres y niñas. El desarrollo institucional y democrático de nuestro país amerita que por medio de normativas operacionales se dispongan condiciones que ayuden la erradicación de los niveles de violencia.
Es fundamental que se adopte un enfoque multidisciplinario cuyas respuestas sean tanto transversales como verticales a los diferentes organismos del Estado. Es imprescindible impulsar un sistema de prevención coordinado para que se logren avances multisectoriales con oportunidades de colaboración de acceso, promoción y supervisión de servicios para las víctimas.
