En ocasión de la celebración este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), se une a todos los sectores que por diferentes vías han mostrado su alta preocupación por la notoria ineficacia de gran parte de las políticas públicas implementadas en el país en los últimos años para prevenir y castigar los actuales niveles de violencia contra la mujer.
Subrayó que se ha resaltado que la violencia contra la mujer representa uno de los puntos más oscuros en el análisis de cualquier sociedad moderna y significa la prevalencia de una cultura que reproduce la exclusión, la desigualdad y la barbarie en todos los ambientes de la convivencia humana. Penosamente la República Dominicana continúa destacándose como uno de los lugares más peligrosos para ser mujer y donde son más inefectivas las políticas y programas sociales y estatales para superar estas formas de ignominia.
“El análisis de esta problemática en la actualidad arroja la necesidad de que en un esfuerzo conjunto la sociedad se aboque a una reflexión seria y sistemática sobre sus causas, consecuencias y factores que aumentan el riesgo para las mujeres de ser víctimas y vivir en un estado de opresión y violencia. Al mismo tiempo que permita al Estado el diseño, ejecución y sostenimiento de políticas públicas coordinadas, responsables y exitosas, que no dejen dudas sobre su compromiso en esta materia y que se manifiesta asignando los recursos suficientes a tales fines y enfocando la acción desde una perspectiva integra”, manifestó la entidad .
Finjus consideró que ya no bastan las declaraciones oficiales ni las actividades propias de esta fecha conmemorativa, porque el grito de desesperación y desamparo no proviene solo de las mujeres agredidas, humilladas y ultimadas, sino también de las familias, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, que resultan dañadas colateralmente y que quedan en el abandono, por la falta de políticas de asistencia adecuadas.
A la ineficiencia de los operadores del sistema de asistencia, protección y justicia se le agregan otras debilidades funcionales de las cuales resaltan la inacción, la indiferencia, las políticas y procedimientos contradictorios de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres víctimas de violencia. Un penoso ejemplo de ello son los acuerdos judiciales que se arriban con los victimarios, a partir de criterios de oportunidad, aun cuando existen antecedentes gravísimos en este aspecto. Al mismo tiempo son notorias la falta de personal especializado para la atención de las víctimas, la dispersión de los sistemas de registro, monitoreo y seguimiento de casos y, muy especialmente, la falta de coordinación interinstitucional en los objetivos y enfoques para abordar esta problemática.
De los datos estadísticos, las informaciones oficiales que ha ofrecido la Procuraduría General de la República refieren un descenso del 25 % en el número de feminicidios en el 2019, alcanzando la cifra de 62 hechos de esta naturaleza al 10 de noviembre del año en curso, lo cual contrasta, por ejemplo, con la valoración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que posiciona a la República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios.
La violencia de género debe afrontarse desde una perspectiva dual; en primer orden, corresponde a un potencial hecho punible, y, por otro lado, se trata del resultado de patrones socio-culturales que devienen de conductas normalizadas históricamente en sociedades como la nuestra.
Con relación a la tipificación del delito, apuntó que es preciso recalcar que el ordenamiento jurídico dominicano no ha adoptado este tipo penal detallando los elementos constitutivos del mismo. De ello vale puntualizar que en torno al debate respecto de si se mata a la mujer solo por ser mujer, debe recordarse que los hechos que circundan al delito presentan características comunes las cuales están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en el género” que “tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres”; en ese sentido corresponde visibilizar la expresión extrema y ulterior de violencia que resulta de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres de manera claramente diferenciada de lo que respecta al homicidio.
Esto justifica la necesidad de una actuación conjunta por parte de los poderes públicos por la cantidad de entidades que han de tomar acciones enfocadas a trabajar para erradicar esta problemática, que finalmente permitan pasar de la palabra al hecho, diseñando estrategias, espacios y políticas coordinadas en virtud de ejes transversales que hayan sido especialmente definidos al efecto.
FINJUS exhortó a que sean repensados todos los mecanismos implementados hasta la fecha en pos de la eliminación de la violencia contra la mujer en razón de que estos hechos continúan ocurriendo de manera desproporcionada y con una tendencia que no apunta necesariamente a su erradicación.
“Creemos que es el momento de ir más allá de los discursos y proclamas. La sociedad dominicana está cada vez más consciente de que no basta pregonar las buenas intenciones en esta materia, pues el luto, la desesperanza y la agonía crecen sin consecuencias. Es el momento de que al mando de las políticas y programas en este terreno se coloquen la inteligencia y el diálogo, la voluntad de cambiar estos nefastos patrones culturales de opresión y maltrato, que den como resultados círculos virtuosos de reflexión, acción y control en los órganos oficiales y sociales para superar esta pesada herencia de muerte y luto y se obtengan logros en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer”, dijo.
