La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer relevante que la Junta Central Electoral (JCE) se aboque a definir todo lo concerniente a la propaganda política y a la publicidad en el periodo de la precampaña.
Sostuvo que las actividades proselitistas de los partidos y sus miembros deben ajustarse tanto en el contenido de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, así como en el Acta No. 2-2018.
“Ambos instrumentos jurídicos han generado múltiples debates en el seno de la opinión pública debido a la naturaleza de los mandatos que en sí están dispuestos, ya que se trata de normas que regulan a las instituciones que representan uno de los pilares esenciales del sistema democrático”, expresó el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán en un comunicado.
Consideró que, por tanto, como esto pudiese rozar la esfera de los derechos de participación democrática, es importante que los órganos competentes definan cuestiones relativas a esa temática que han sido debatidas por múltiples sectores de la vida nacional.
“La Junta Central Electoral debería evitar que se genere la percepción sobre aspectos que podrían verse como contradictorios en cuanto al alcance de las disposiciones preestablecidas en la Ley No. 33-18 y el Acta No. 2-2018”, consideró.
En ese sentido, dio que la JCE debería esclarecer el alcance preciso de ambas disposiciones, es decir la Ley 33-18 y la resolución 2.2018. Es menester determinar qué podría considerarse una actividad proselitista versus las implicaciones de reuniones en recintos cerrados y los encuentros con militantes; determinando así las directrices del rango de actuación de los miembros de los partidos y agrupaciones políticas.
Sostuvo que la propio Ley 33-18 faculta a la JCE a emitir un reglamento. “Consideramos que un paso importante para la institucionalidad democrática del país y el sistema de partidos lo sería reglamentar cuanto antes las cuestiones que tienen que ver con la precampaña electoral tal como ordena la ley”, subrayó.
Sostuvo que la ciudadanía ha expresado que es urgente regular todo lo concerniente al sistema electoral y de partidos. “Cada uno de los matices propios de esta temática, configuran aspectos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho. Los órganos encargados de fortalecer el sistema de partidos y la institucionalidad deben abocarse a generar pautas precisas que generen mayores garantías y fortalezas para la calidad democrática de nuestro país”, señaló. Castaños Guzmán fue insistente en que la JCE emita el reglamento.
