Santo Domingo.-El asesinato de la abogada Anibel González en San Pedro de Macorís es un nuevo eslabón de la larga cadena del feminicidio que consterna a la sociedad dominicana.
Todos los sectores sociales han expresado su indignación por esta nueva víctima, especialmente por las circunstancias que han rodeado el caso y se han expresado a unanimidad para que en lo inmediato este horrendo crimen sea castigado con la severidad que amerita.
El Ministerio Público debe actuar con la mayor presteza para investigar exhaustivamente a todos los implicados en cada una de las fases y componentes de las diferentes conductas que dieron lugar a este crimen. Es sabido que en este caso el Consejo Superior del Ministerio Público ha ordenado la apertura de una investigación sobre los fiscales que intervinieron y ha procedido a suspenderlos en sus funciones.
De acuerdo a las informaciones recogidas por los medios de comunicación, existen serios indicios de que miembros del Ministerio Público incumplieron protocolos de actuación en casos de esta naturaleza y no observaron las disposiciones legales contenidas en la normativa penal y procesal penal, así como en directivas de la Procuraduría General de la República.
El desamparo en que se encuentran miles de mujeres frente a las amenazas, acoso, violencia y muerte, se agrava cuando se pone de manifiesto la falta de protección y las insuficiencias de las garantías y mecanismos para la prevención de estos crímenes.
La percepción social de que el Estado ha fallado en brindar protección y auxilio a las mujeres víctimas de la violencia sigue creciendo, lo que lamentablemente es una afrenta a la dignidad de toda la sociedad y la manifestación de las debilidades de nuestra institucionalidad.
FINJUS se une a todos los sectores que reclaman de las autoridades un real compromiso con la defensa de la vida de las mujeres mediante el establecimiento de políticas públicas que fortalezcan las garantías ante la violencia y su protección efectiva.
