La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) elaboró una propuesta de proyecto de ley para regular el indulto en la República Dominicana, iniciativa que fue trabajada y consensuada en el marco de la comisión creada en 2017, por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.
El proyecto de ley tiene por objeto desarrollar la atribución constitucional del presidente de la República de indultar las penas cumpliendo claramente las condiciones sobre la selección de los candidatos a indultos, modalidades, procedimiento y sus excepciones.
Parte del contenido del pliego, explica que a los fines de la presente Ley, el indulto produce los siguientes efectos: extingue la o las penas principales sobre las que hubiere recaído; no se extiende a las penas de interdicción civil, salvo mención expresa en esta norma; no exime de las medidas de coerción impuestas; y no exime de la responsabilidad civil derivada del delito.
Asimismo, por razones de justicia, equidad y convivencia pública, no afectará a la persona indultada del registro de la pena indultada garantizando una verdadera reinserción social del que hubiere sido condenado; y en caso de tratarse de un delito cometido contra un particular, el indultado tendrá expresamente prohibido habitar en el domicilio en que resida esta persona, o, en su defecto, del de su cónyuge o cualquier otra persona hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad con el afectado.
La propuesta fue remitida al senador de San Cristóbal, Franklin Alberto Rodríguez Garabitos, y contiene también otros elementos que, según la fundación, deben ser considerados para una redacción final, tales como son la tipología del indulto, los efectos de esta prerrogativa, requisitos, exclusiones, entre otras.
“Coincidimos en la necesidad de que se inserten con precisión en el ordenamiento jurídico dominicano las condiciones idóneas para proceder a la selección de los candidatos a indultos, las normativas que podrían usarse, los procedimientos adecuados y las excepciones que contemplaría, dentro de los límites constitucionales y los acuerdos internacionales”, expresó Sergio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente de Finjus.
