La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) demandó la eliminación del fondo de asistencia social de la Cámara de Diputados y el Senado, conocido como barrilito y cofrecito, y que este sea destinado para mitigar los efectos económicos causados por el coronavirus.
La Finjus expresó que urge identificar las áreas en las que los fondos públicos son distraídos de su función primordial, tanto por la mala gestión de entidades públicas y sus responsables, la ineficiencia de los servicios brindados y la distracción de fondos del presupuesto hacia prácticas de financiamiento de actividades políticas partidarias desde el Estado.
“Esto es más urgente que nunca en la actualidad, en medio de la calamitosa situación que prevalece por la expansión del COVID-19. Una de las prácticas más aberrantes en este aspecto se realiza desde el Congreso Nacional, bajo la modalidad de un Fondo de Gestión Social de los Legisladores (mejor conocido como barrilito o cofrecito), mediante el cual centenares de millones de pesos son asignados cada año a senadores y diputados para fines de asistencia social en sus comunidades”, señaló la institución en un comunicado.
“Pero en la realidad, ese Fondo, que implicó en 2019 centenares de millones de pesos para la supuesta asistencia social representa la desnaturalización de la función legislativa y constituye un agravio a la transparencia que debería primar en el Congreso”, agregó.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, ponderó que en la próxima sesión el Senado y la Cámara de Diputados dispongan la supresión inmediata del empleo de esos fondos en actividades particulares y que los mismos sean asignados a los planes de emergencia para la compra de pruebas para la detección del virus, de los insumos necesarios para la protección del personal sanitario y para el equipamiento de los hospitales.
“Estos fondos deben servir para asistir a las comunidades más afectadas, a los grupos vulnerables y el reforzamiento de las medidas de control y seguridad para evitar la expansión del coronavirus”, sostuvo. Consideró, en ese sentido, que ha llegado la hora que el Congreso dominicano muestre su capacidad de rectificación y de inmediato proceda a suprimir estos programas “enmascarados de financiación de la política partidaria, para que esos recursos, que se originan en los impuestos de los contribuyentes, cumplan con su vocación más legitima, que es servir para la recuperación de la nación”. Del mismo modo, exhortó a la ciudadanía a pedir que sean optimizados los recursos disponibles para frenar el auge de la pandemia, curar a los afectados y asistir a quienes necesitan restablecer sus negocios.
