El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que a tres años de la promulgación de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, su aplicación ha sido ineficaz.
Resaltó, a través de un comunicado, que la propia ley impide la acción coordinada de los diferentes órganos involucrados, como es el caso de la Cámara de Cuentas, contribuyendo a la ineficiencia operativa, la falta de controles, y la incapacidad de operativizar los mecanismos de acción que generarían las consecuencias contra los que violen esta norma con su incumplimiento.
“Su aplicación ha sido limitada y no ha servido a los fines para los que fue creada, constituyéndose en una nueva pieza del sistema que contribuye a la impunidad y que impide la creación de una cultura de transparencia y de aplicación de consecuencias para quienes se enriquecen con los fondos públicos”, dijo.
Castaños indicó que la creación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas es un elemento constitutivo del ordenamiento jurídico dominicano, que se sustenta en los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.
“El deber del funcionario de rendir declaración jurada de sus bienes posee rango constitucional, consagrado en el artículo 146, numeral 3 de la Constitución de la República. Y sobre esta base es que se sustenta la Ley No. 311-14 promulgada el 8 de agosto del 2014”, señaló.
El titular de Finjus agregó que en el marco de este deber legal y constitucional están incluidos altos funcionarios, como lo son: el presidente de la República, vicepresidentes, congresistas, ministros, magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y del Ministerio Público.
Además de aquellos funcionarios que administran, manejan o disponen de fondos del Estado.
