La Fundación Institucionalidad y Justicia respalda la modificación a la ley Ley 140-15, que regula el Notariado dominicano, propuesta por la Suprema Corte de Justicia.
La Finjus considera que la naturaleza de la función notarial ha sido alterada ya que crea privilegios y exclusividades entre sus miembros, eleva abismalmente las tarifas de cobro por servicios y afecta otros funcionarios públicos.
En una carta dirigida a la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde se conoce el proyecto, la Finjus explica, que la ley ha generado un clima de inseguridad jurídica en el país ya que los notarios asumieron roles que tradicionalmente eran competencia de los juzgados de paz y los alguaciles.
“En los procesos verbales de desalojo, protesto de cheques, fijación de sellos y puesta en posesión del administrador judicial provisional, así como en la instrumentación o el levantamiento de los embargos, funciones que a nuestro juicio desnaturalizan la función notarial” señala el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Asimismo, estiman, que existe una afectación al ámbito jurisdiccional, puesto que el notariado carece de la potestad resolutoria de conflictos y de hacer ejecutar lo juzgado, esto último, dice la misiva, es una reserva exclusiva al poder jurisdiccional que da la nueva dimensión del artículo 149 de nuestra Constitución.
“El proyecto de ley que introduce la Suprema restablece la esencia del notario limitando sus funciones al revestimiento de fe pública: la instrumentación de actas auténticas y legalización de firmas en actos bajo firma privada”, dijo Castaños Guzmán.
En cuanto a la delimitación territorial, Finjus entiende que constituye una limitación a la función, ya que la configuración legal de la demarcación geográfica impide que un notario pueda dar fe pública a los actos fuera de su competencia territorial.
Proyecto de ley propone modificar la tarifa
Servio Tulio sostuvo que la tarifa de honorarios, al tratarse de un servicio público, debe sujetarse al principio de equidad. “En la actualidad podrían alcanzar cifras de 200 mil pesos por contrato según el valor, mientras que en el proyecto de la SCJ está un monto base máximo de 20 mil pesos, lo cual nos parece que no vulnera la dignidad del ejercicio ni el acceso a este servicio”.
