SANTO DOMINGO.- Legisladores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este favorecen que si los resultados de las investigaciones solicitadas ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales para que analice la violación de la Ley 64-00 que implican las operaciones de las dos barcazas de generación eléctrica propiedad de Seaboard Transcontinental que se encuentran sobre el río Ozama, concluyen que se trata efectivamente de un delito ambiental, entonces están a favor de que sean removidas a otro lugar y que se apliquen las sanciones correspondientes.
El diputado José Horacio, recordó que en el año 2021 la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hizo un allanamiento y estuvo comprobando la calidad de las aguas que ellos arrojan al río y “a nosotros nos interesa saber cuál fue ese resultado de ese allanamiento y de ese proceso que inició la Procuraduría General de Medio Ambiente”.
Indicó que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales determinar cuál es el nivel de contaminación que estas plantas generan “y si se demuestra que el daño es como se denuncia, por supuesto que estoy de acuerdo con que sean movidas”.
Expuso que cualquier delito ambiental tiene que ser perseguido y tiene que ser sancionado de manera ejemplar y que la protección ambiental debe ser una prioridad de esta y de cualquier gestión administrativa.
Manifestó que, si no se hizo un estudio de impacto ambiental previo a las instalaciones de estas barcazas, eso viola la Ley 64-00 de Medio Ambiente que obliga a que ese tipo de operaciones deban tener como pre-requisito un estudio de impacto ambiental que justifique la otorgación de los permisos ambientales. “Entonces si eso no se hizo, también hay sanciones que se pueden aplicar y que deben aplicarse para evitar que se le siga haciendo el daño que se le está haciendo a nuestro país, al medio ambiente y los recursos naturales”.
De su lado, el diputado Amado Díaz expresó que “todo el que sea un violador de la ley, sin importar estatura, yo estoy de acuerdo con que hay que someterlo a la obediencia y que deben tener los permisos para operar. Pero aún obtenidos los permisos, si al final se determina que hacen daño, deben ser retiradas”.
Manifestó que no debe haber violadores pequeños y violadores grandes. “Aquel que está descargando sus residuos en el río Ozama también debe ser llamado a capítulo, también debe ser observado. Y hasta aquel que tira basura, que tira una botella plástica dañando el medio ambiente debe ser regulado y debe ser sancionado”.
Manifestó que “si al final se determina que estas plantas están generando daños al medio ambiente, deben ser retiradas aún tengan el permiso medioambiental”.
En tanto que el diputado Luis Henríquez, explicó que en los años 80 y 90 se necesitó ubicar plantas de este tipo agrediendo el medio ambiente., pero ese ya no es el problema de la República Dominicana. “nosotros con la construcción de Punta Catalina hemos intervenido una gran cantidad de kilowatts para la producción de energía en el país. Ya no es necesario nosotros tener este tipo de barcazas de producción agrediendo el medio ambiente”.
“Yo creo que lamentablemente estamos ante un Estado que aplica las labores de persecución con los de abajo. Cuando una persona, por ejemplo, en estos días fue sorprendida tirando basura, hasta golpes le dieron en una brigada del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Sin embargo, esa barcaza que está ahí obedece a una empresa y a un empresario que tiene nombre y apellido y tiene ubicación. Tienen que implementar los protocolos legales para que sean notificados y sean eliminadas de una vez por todas porque ya no hay necesidad de tener este tipo de plantas porque tenemos mucha producción de energía eléctrica y entonces tenemos que salvaguardar el río Ozama”, concluyó.
